La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por diez años de Álvaro Leyva Durán, excanciller y exministro de Relaciones Exteriores, por la falta gravísima con dolo al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023 para la expedición de pasaportes. Esta decisión, firmada por el procurador Gregorio Eljach, rechazó la apelación de la defensa de Leyva y amplió la investigación disciplinaria contra la actual canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, así como contra figuras como la exministra Laura Sarabia, el exministro Luis Gilberto Murillo, la gerente de la Imprenta Nacional Alba Viviana León Herrera, la secretaria general encargada de la Cancillería Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar y seis funcionarios adicionales, por presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo suscrito el 18 de julio de 2025 con la Imprenta Nacional, valorado en 1,3 billones de pesos para una vigencia de diez años y con un gasto inicial de 161.000 millones de pesos.
La sanción a Leyva se basa en que la declaratoria de desierta careció de fundamento legal, pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía todos los requisitos, obtuvo el puntaje máximo y contaba con la recomendación de adjudicación. La investigación interna había concluido previamente una falta gravísima por desconocer principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación pública, aunque absolvió la declaratoria de urgencia manifiesta. La apelación de la defensa fue desestimada por falta de causales jurídicas para justificar la desierta o la urgencia, descartando alegatos de violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad del procurador delegado.
Ampliación de la pesquisa por irregularidades en el convenio
La Procuraduría detectó presuntas fallas en la planeación y ejecución del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes, que debía iniciar en septiembre pero se retrasó por falta de capacidad técnica de la entidad. Entre las dudas figuran la ausencia de estudios previos, un posible desconocimiento de la normativa aplicable a contratos con organismos internacionales, la infraestructura de la Imprenta Nacional, su alianza con la Casa de la Moneda de Portugal —cuyo aporte no supera el 50% y no está plenamente formalizada—, las vigencias futuras y la disponibilidad presupuestal. La expedición estatal está programada desde el 1 de abril de 2026, en medio de esta controversia que involucra a la cúpula de la Cancillería.
“Se descartaron los alegatos de violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad del procurador delegado”
Procuraduría General de la Nación
“presuntas fallas en la planeación, ausencia de estudios previos y un posible desconocimiento de la normativa aplicable a contratos con organismos internacionales”
Procuraduría General de la Nación
Con esta resolución, Álvaro Leyva queda excluido de cargos públicos por una década, mientras la investigación ampliada podría derivar en nuevas sanciones para los responsables del proceso contractual. El caso resalta tensiones en la gestión de la contratación pública en el sector exterior colombiano, en un contexto de retrasos en la emisión de pasaportes que afectan a miles de ciudadanos.
