La Procuraduría General de la Nación ha convocado la segunda mesa técnica preventiva para el próximo 20 de enero de 2026, con el objetivo de profundizar el análisis de los riesgos asociados al proyecto de decreto impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, que busca reformar las reglas de inversión y protección en los fondos de pensiones. Esta iniciativa incluye la repatriación de hasta 125 billones de pesos de las inversiones realizadas por los fondos, un proceso que generaría preocupaciones sobre la liquidez del mercado, la estabilidad financiera y la diversificación de los portafolios, involucrando a entidades como el Ministerio de Hacienda, Asofondos, Fasecolda y la exdirectora de la Unidad de Riego y Fiscalización (URF), Mónica Higuera.
El proyecto normativo, fundamentado en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011, apunta a repatriar inversiones de portafolios de alto y moderado riesgo, al tiempo que revisa las coberturas de pensiones por invalidez, sobrevivencia y vejez. Esta segunda mesa surge tras las declaraciones de Higuera el 5 de enero, quien renunció a su cargo el 3 de diciembre de 2025 por desacuerdos con el Gobierno Petro respecto a la movilidad de las inversiones y discrepancias numéricas, como la mención del ministro Germán Ávila de hasta 250 billones de pesos. Higuera había advertido sobre la viabilidad de mover cerca de 120 billones en solo seis meses, destacando la falta de liquidez en el sistema financiero local y la ausencia de un destino específico para esos recursos una vez repatriados.
Riesgos en el sistema pensional y cifras clave
Entre los riesgos identificados se encuentran pérdidas por ventas prematuras de activos, una menor diversificación de portafolios, impactos en las mesadas pensionales y un posible aumento de la prima del seguro previsional por encima del 3%, que actualmente promedia el 2,6% de las cotizaciones y recaudó 5,22 billones de pesos en 2024. Desde 2015, los giros por coberturas han ascendido a 2,2 billones de pesos, con proyecciones de un billón para 2025 y 1,8 billones en 2026, afectando potencialmente unos 20 millones de trabajadores y alrededor de 10.000 contratos anuales a partir de 2027. Higuera también señaló limitaciones en la profundidad y liquidez del mercado de capitales colombiano, así como la alta exposición de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a la deuda pública local.
«Es necesario profundizar el análisis del proyecto normativo, considerando riesgos de mercado y de reinversión, posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios.»
Delegaciones institucionales, Procuraduría General de la Nación
«Expresé mi preocupación por la viabilidad de una operación de ese tamaño en un periodo tan corto. El principal riesgo de trasladar cerca de 120 billones en seis meses es la falta de liquidez del sistema financiero local.»
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
Gremios como Asofondos y Fasecolda han alertado que este cambio reglamentario podría derivar en menos pensionados, mesadas pensionales más bajas y un desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte, al tiempo que llaman a detallar los efectos en las pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que la medida no implicaría que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a pensiones por invalidez o sobrevivencia, y que solo aplicaría a contratos desde 2027, con cobertura garantizada por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima para vejez. Esta mesa técnica representa un esfuerzo preventivo para anticipar impactos en el sistema pensional colombiano, que afecta a millones de afiliados en todo el país.
