La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al capitán José Daniel Díaz Domínguez, de la Policía Nacional, por cometer acoso sexual contra una auxiliar de policía cuando era teniente y comandante de estación en Tocancipá, Cundinamarca. La decisión, ratificada en segunda instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca, se basa en la confirmación de dos episodios de violencia sexual no consentida, calificados como falta disciplinaria gravísima a título de dolo.
Los hechos ocurrieron durante su gestión como comandante en esa estación policial, donde Díaz Domínguez incurrió en conductas abusivas que transgredieron la dignidad de la víctima y sus deberes inherentes al cargo. Las pruebas del expediente validaron las acusaciones, evidenciando una intención deliberada en ambos episodios de transgresión sexual, como tocamientos no consentidos.
Enfoque de género y sanción definitiva
La inhabilidad de diez años impide a Díaz Domínguez ejercer cargos públicos en Colombia, alineándose con lo establecido por la Ley 2365 de 2024 y el estatuto disciplinario de la Policía Nacional, que clasifican este tipo de comportamientos como falta gravísima. Para casos dolosos como este, la sanción implica destitución e inhabilidad de diez a veinte años, mientras que con culpa sería de cinco a diez años. La Procuraduría aplicó un enfoque de género en su análisis, considerando sugerencias de informes especializados.
“con su comportamiento Díaz Domínguez afectó la dignidad de su víctima, al evidenciar una intención deliberada de transgredir los deberes inherentes a su cargo, por lo que de manera definitiva calificó la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo”
“en este caso contra el oficial el ente de control tuvo en cuenta el enfoque de género y otras sugerencias impartidas en los informes elaborados al respecto”
Procuraduría General de la Nación
Esta resolución subraya la gravedad de los abusos en el ámbito policial, reafirmando el compromiso de las autoridades de control con la protección de la dignidad humana y la erradicación de conductas que vulneran los derechos, especialmente en entornos de poder jerárquico.
