Procuraduría destituye e inhabilita 12 años a dragoneante del Inpec en La Tramacua de Valledupar por acoso sexual

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Jhon Alexis Padilla Rodríguez, dragoneante de grado 11 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adscrito a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacua, por acoso sexual contra un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia. La decisión se dio a conocer la tarde del lunes 8 de diciembre, tras una investigación disciplinaria que calificó la conducta como gravísima cometida a título de dolo, al aprovechar su superioridad jerárquica para vulnerar la dignidad, integridad y derechos sexuales de su subalterno.

El funcionario utilizó su autoridad para transgredir deberes y principios fundamentales de la función penitenciaria, lo que motivó la sanción que implica su destitución inmediata y una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos. Este pronunciamiento se enmarca en los mecanismos de control disciplinario vigentes del Ministerio Público, con el objetivo de preservar la ética en el sistema penitenciario.

Protección de derechos fundamentales en el sector penitenciario

La investigación reveló cómo Padilla Rodríguez incurrió en acciones que atentaron directamente contra los derechos de un servidor público de menor rango, destacando la gravedad de abusos de poder en entornos jerárquicos como el de las cárceles. La decisión de la Procuraduría subraya el compromiso con la preservación de principios éticos en el ejercicio de la función pública, permitiendo además que el sancionado pueda interponer recurso de apelación conforme a la ley disciplinaria.

“El ente de control busca proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos y preservar los principios que deben caracterizar el ejercicio de la función pública en el sistema penitenciario”

Procuraduría General de la Nación

Este caso resalta la importancia de los procesos disciplinarios para garantizar un ambiente laboral libre de abusos en las instalaciones penitenciarias del país, donde la transparencia y el respeto a la dignidad humana son pilares esenciales del servicio público.

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