La Procuraduría General de la Nación impuso destitución e inhabilidad por nueve años a Bernardo Orobio Riascos, exrector de la Institución Educativa Francisco José de Caldas en Buenaventura, tras determinar que incurrió en acoso laboral contra una docente de carrera administrativa. Los hechos iniciaron en 2021 y se prolongaron durante el año lectivo de 2022, cuando Orobio dejó sin carga académica a la profesora, desatendió directrices de la Secretaría de Educación y autoridades judiciales, y negó la existencia de vacantes disponibles, en una decisión arbitraria que entorpeció sus funciones y configuró una falta disciplinaria gravísima por abuso de funciones administrativas y desacato a órdenes judiciales.
El fallo corresponde a la primera instancia emitida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali y es apelable en los plazos legales establecidos. Esta sanción impide a Orobio ejercer cargos públicos en todo el territorio nacional durante nueve años, tras un acoso que duró dos años y afectó directamente la labor de la docente en la institución ubicada en Buenaventura.
Corrupción en rector de colegio caldense genera meses sin clases
En un caso paralelo que resalta problemas similares en la gestión educativa de Caldas, la Procuraduría sancionó a Banqueth Rojas, exrector de la Institución Educativa El Purnio en La Dorada, con destitución e inhabilidad por 18 años por peculado por apropiación y falsificación de documentos públicos, al falsificar extractos bancarios para favorecer a terceros. Conocido también como Jonathan Banquet, Rojas fue hallado responsable de desviar 85 millones de pesos, lo que provocó la suspensión de clases por cuatro meses en 2022 y reclamos acumulados desde 2018 por hacinamiento, deterioro de infraestructura y falta de mantenimiento. Tras el escándalo, los grados décimo y undécimo fueron trasladados a un inmueble de la Junta de Acción Comunal, la Gobernación de Caldas intervino por las denuncias ciudadanas, y Janet Plata asumió como rectora provisional, mientras José Olivar Díaz, habitante de una vereda cercana, relató cómo el desvío de fondos dejó a los estudiantes sin clases durante meses.
“Están en condiciones indignas, no hay ventilación y falta rocería”
Luz Karime Muñoz Trujillo, docente y delegada de la Veeduría Ciudadana
La sanción contra Rojas proviene de un fallo de primera instancia de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda por faltas gravísimas a título de dolo, subrayando un patrón de irregularidades en la administración de rectores que comprometen la educación pública y generan impactos directos en comunidades vulnerables como las de Buenaventura y La Dorada.
