La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a los patrulleros Gonzalo Moreno Gordillo y Álvaro José Guerra Ríos, del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por su responsabilidad en la muerte de Cristian David Castillo de la Ossa, ocurrida el 22 de junio de 2021 con impacto a las 12:38 a.m. del 23, y en graves lesiones causadas a dos mujeres manifestantes el 5 de mayo del mismo año, en el Portal de Suba y la localidad de Suba de Bogotá, vulnerando los principios de legalidad y proporcionalidad en el manejo de disturbios mediante disparo horizontal directo de fusil lanzagranadas por parte de Moreno y exceso de fuerza por Guerra.
Cristian David Castillo de la Ossa, de 26 años, transitaba en bicicleta hacia su residencia tras trabajar en una ferretería y no participaba en las protestas cuando recibió el disparo directo, no parabólico, de Moreno Gordillo, sin orden superior del capitán Mauricio Patiño; las dos mujeres lesionadas sufrieron heridas graves, una de ellas perdiendo un ojo, mientras que las pruebas incluyen videos, testimonios, necropsia, informes forenses y de laboratorio que califican la falta como gravísima dolosa según la Fiscalía.
Sanciones y repercusiones
Moreno Gordillo enfrenta una inhabilidad de 12 años y Guerra Ríos de 16 años para ejercer funciones públicas; estos fallos de primera instancia son apelables ante la Procuraduría General y buscan garantizar la responsabilidad individual de los agentes en las protestas sociales de 2021, desencadenadas contra la reforma tributaria propuesta por el entonces presidente Iván Duque y el ministro Alberto Carrasquilla, con el fin de proteger los derechos humanos en contextos de disturbios.
«Se debe frenar esta masacre contra los jóvenes que reclaman sus derechos»
Edward Castillo, padre de Cristian David Castillo
La decisión de la Procuraduría subraya que las pruebas obrantes en la actuación permiten establecer que el disciplinado fue quien incurrió en la falta disciplinaria, al momento de los hechos contando con la capacidad de autodeterminarse conforme a dicha comprensión, reafirmando el compromiso de frenar abusos en el control de manifestaciones.
«Las pruebas obrantes en la actuación permiten establecer que el disciplinado fue quien incurrió en la falta disciplinaria que, al momento de los hechos, contaba con la capacidad de autodeterminarse conforme a dicha comprensión»
Procuraduría General de la Nación
Este caso resalta la necesidad de accountability en las fuerzas públicas durante episodios de tensión social, promoviendo un uso proporcional de la fuerza y el respeto irrestricto a la vida y la integridad de los ciudadanos en Bogotá y el país.
