El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió una circular el sábado 3 de enero exhortando a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal a activar de manera inmediata los mecanismos de atención necesarios para garantizar los derechos humanos en las zonas de frontera colombo-venezolana. Esta medida responde a los posibles riesgos de vulneraciones de derechos y afectaciones a la soberanía nacional derivados de los hechos registrados en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, que han generado incertidumbre regional.
La circular, firmada por Eljach en su calidad de suprema dirección del Ministerio Público y fundamentada en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, así como en las normas que rigen al Ministerio Público, convoca especialmente a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales y distritales para coordinar acciones que preserven el orden jurídico. Emitida el mismo día de los acontecimientos en el vecino país, busca responder a desafíos como flujos migratorios masivos, alteraciones al orden público y posibles incursiones extranjeras en territorio colombiano.
Preservar derechos humanos en la frontera
Entre las instrucciones clave, se enfatiza la necesidad de monitorear y proteger a los habitantes de las zonas fronterizas ante cualquier escenario derivado de la crisis venezolana. La Procuraduría subraya la importancia de una respuesta coordinada para evitar impactos negativos en la población civil y en la integridad territorial de Colombia.
«La finalidad es preservar la vigencia del orden jurídico, en especial garantizar la efectiva aplicación y reconocimiento de los derechos humanos de los habitantes en zonas de frontera con la República Bolivariana de Venezuela».
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación
«Activar de manera inmediata los mecanismos de atención necesarias para garantizar los derechos humanos ante las acciones que se puedan presentar».
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación (primer punto resolutivo de la circular)
Esta iniciativa de la Procuraduría General de la Nación refuerza el compromiso institucional con la defensa de los derechos fundamentales en contextos de alta sensibilidad geopolítica, asegurando que las autoridades locales y nacionales actúen con prontitud y eficacia frente a cualquier eventualidad en la frontera.
