La Procuraduría General de la Nación ha exigido al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado el pago de 1.674 millones de pesos como indemnización por la sanción disciplinaria que impuso en 2010 a la entonces senadora Piedad Córdoba, la cual fue anulada por el Consejo de Estado en 2016. Esta demanda de reparación integral por culpa grave busca responsabilizar patrimonialmente de manera personal a Ordóñez, en un proceso judicial que el pasado 12 de noviembre culminó con el fracaso de la audiencia de conciliación, declarada fallida por el despacho del alto tribunal debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes.
El caso se remonta a la sanción de expulsión del Congreso y una inhabilidad de 18 años impuestas a Córdoba por presuntos lazos con las Farc, basadas en indicios y conjeturas extraídos de los computadores incautados a Raúl Reyes durante la operación Fénix del 1 de marzo de 2008. El Consejo de Estado anuló esa decisión el 9 de agosto de 2016 por falta de pruebas válidas según el Código Disciplinario, ordenando el pago de los salarios no percibidos por Córdoba entre el 3 de noviembre de 2010 y el 19 de julio de 2014, los cuales ascendieron a 1.435 millones de pesos ya consignados a su familia tras su fallecimiento. La demanda, inédita en su tipo, fue reactivada recientemente tras cuatro años de inactividad y prevé una decisión final en el primer semestre de 2026.
Proceso judicial en marcha
El Consejo de Estado, con el magistrado ponente Alberto Montaña Plata, ha solicitado oficios a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Banco Popular y el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá para recopilar pruebas adicionales. Entre ellas, se incluyen procesos contra Gloria Inés Ramírez y Miguel Ángel Beltrán Villegas relacionados con los mismos computadores de Reyes. La defensa de Ordóñez, a cargo de la abogada Ruth Stella Correa, rechazó cualquier conciliación, argumentando que la sanción original se sustentaba en pruebas incautadas que vinculaban directamente a Córdoba con las Farc. La Procuraduría insiste en la indexación e intereses sobre la suma demandada, elevando el monto total a 1.674 millones de pesos.
“Después de interrogar a las partes, el despacho, ante la falta de ánimo conciliatorio, declara fallida esta etapa”
Despacho del Consejo de Estado
Este litigio marca un precedente en la responsabilidad personal de altos funcionarios por decisiones judiciales anuladas y pone en el centro del debate la validez de las pruebas obtenidas en operaciones militares como la de Raúl Reyes, cuyo impacto ha permeado múltiples procesos disciplinarios y penales en Colombia durante más de una década.
