La Procuraduría General de la Nación llamó la atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Tolima por presuntas fallas en la activación oportuna de rutas de protección en el caso de la bebé Mía Cataleya Ramírez, de apenas seis meses de vida, quien falleció a finales de mayo de 2025 en el municipio de El Espinal tras ser víctima de actos violentos. A través de una actuación preventiva, el Ministerio Público le exigió a la entidad garantizar atención y protección integral permanente para los menores en la región, incluyendo la disponibilidad de defensores de familia y equipos interdisciplinarios las 24 horas del día, así como una mejor articulación con hospitales, comisarías de familia, personerías, Policía Nacional y Fiscalía.
La medida disciplinaria se originó después de que la Alcaldía Municipal de El Espinal, liderada por Wilson Gutiérrez, denunciara presuntas demoras del ICBF en la designación de funcionarios para activar la ruta de atención ante un posible caso de abandono y presunto abuso sexual que habría sufrido la menor. Según la información conocida por la Procuraduría, esa dilación habría impedido que se brindara una respuesta oportuna antes del hecho violento que terminó con la vida de Mía Cataleya. La madre de la bebé, Laura Valentina López, de 24 años, fue capturada el 3 de junio de 2025 y permanece bajo protección policial, mientras que el agresor material aún no ha sido identificado por las autoridades.
Exigencias y contexto del caso
En su requerimiento, la Procuraduría ordenó al ICBF Regional Tolima informar qué medidas adoptó para asegurar la prestación continua del servicio en la región y evitar que situaciones como esta se repitan. La entidad también pidió que se refuercen los protocolos de activación de rutas de protección, especialmente cuando hay indicios de violencia contra niños y niñas. La muerte de Mía Cataleya ocurrió luego de que su madre la llevara al hospital San Rafael de El Espinal con graves lesiones en miembros inferiores y superiores. Debido a la gravedad de las heridas, la bebé fue trasladada a Ibagué, donde falleció. Medicina Legal no encontró rastros de violencia sexual, pero sí confirmó actos de agresión física. Sin embargo, la Procuraduría menciona un presunto caso de abuso sexual reportado por la Alcaldía, lo que ha generado controversia sobre la actuación de los funcionarios del ICBF.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso, calificando la violencia contra menores como inadmisible y pidió que se activen las alertas oportunas para prevenir tragedias similares. Además, las autoridades señalaron que la madre de la menor sería consumidora de alucinógenos, un factor que habría influido en el entorno de riesgo en el que se encontraba la bebé. El alcalde Wilson Gutiérrez ha insistido en que el ICBF no actuó con la celeridad requerida, lo que motivó la intervención de la Procuraduría. Ahora, el organismo de control espera que el ICBF presente un informe detallado sobre las medidas correctivas implementadas y garantice que ningún otro niño en el Tolima quede desprotegido ante situaciones de violencia.
