La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Edilberto Suárez Pinto, actual alcalde de Puerto Nariño en el Amazonas colombiano, por presunto acoso sexual contra la contratista indígena Sandriali Verenice Laureano, miembro de la comunidad Yagua. Los hechos ocurrieron en tres oportunidades durante el año 2024 en el entorno laboral de este municipio amazónico, donde el funcionario habría aprovechado su posición de poder para intentar obtener favores sexuales de la víctima, en una conducta calificada como de ejecución sucesiva o continuada.
La decisión de la Procuraduría Regional de Instrucción de Amazonas se basa en entrevistas y documentos recopilados por la organización denunciante, configurando una falta gravísima a título de dolo. Paralelamente, en abril de 2025 se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en Bogotá por parte de Transparencia por la Orinoquia, que incluye no solo acoso sexual, sino también laboral y discriminación racial, respaldada por pruebas similares. Esta acción resalta la necesidad de un enfoque diferencial y protección reforzada para la víctima indígena.
Antecedentes y críticas a la investigación
Edilberto Suárez Pinto ya enfrenta un historial controvertido, pues en 2018 fue destituido e inhabilitado por diez años por irregularidades en el manejo de recursos durante su paso por la Asamblea Departamental del Amazonas. La noticia cobra relevancia ahora por esta nueva formulación de cargos, en medio de cuestionamientos a la Fiscalía de Puerto Nariño, acusada de omitir en su investigación inicial los delitos de acoso sexual, laboral y discriminación racial, lo que Transparencia por la Orinoquia califica como posible falta disciplinaria y penal.
“Presuntamente, el mandatario habría utilizado la relación de poder que le daba su cargo para, al parecer, hacer que la víctima accediera a sus intenciones sexuales”.
Procuraduría General de la Nación, comunicado oficial
Este caso pone en el centro del debate la protección de mujeres indígenas en entornos laborales públicos y la responsabilidad de las autoridades judiciales en regiones remotas como el Amazonas, donde las omisiones podrían perpetuar vulnerabilidades sistémicas y exigir una respuesta institucional más ágil y exhaustiva.
