La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra tres altos funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho por posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato para la adquisición de tiquetes aéreos. Los implicados son Helén Ortiz Carvajal, secretaria general; Andrés Vergara Ballén, coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable, quien también fue miembro del comité evaluador y supervisor del contrato; y Derly González Ariza, coadministradora y supervisora del mismo. Estas acciones ocurrieron en el marco de un proceso contractual iniciado en 2023, con autorizaciones de pago emitidas entre febrero y noviembre de 2024.
Las irregularidades señaladas incluyen la participación indebida de los funcionarios en las etapas de selección, evaluación, adjudicación y supervisión del contrato. Entre los problemas más graves destaca que el contratista no acreditó la experiencia mínima requerida, que los precios ofertados fueron inferiores a los del mercado y que no se aplicó el descuento del 12,5% sobre la tarifa neta establecido en la subasta. Específicamente, Helén Ortiz Carvajal adjudicó el contrato a pesar de la falta de experiencia del contratista, Andrés Vergara Ballén recomendó la adjudicación y autorizó pagos sin el descuento reglamentado, mientras que Derly González Ariza suscribió varias autorizaciones de pago durante el período mencionado sin aplicar dicha rebaja.
Gravedad de las faltas y etapa de la investigación
Los funcionarios ocupaban cargos directivos en el Ministerio de Justicia, y las faltas les han sido atribuidas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima, dada su máxima gravedad. La investigación se encuentra en etapa preliminar a través de un expediente disciplinario, lo que podría derivar en sanciones significativas si se confirman las imputaciones.
Este caso pone de manifiesto las rigurosas revisiones que realiza la Procuraduría sobre la gestión contractual en entidades públicas, subrayando la importancia de cumplir con todos los requisitos legales para evitar favoritismos o perjuicios al erario. La entidad espera las descargas de los investigados para avanzar en el proceso.
