La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro por presuntos actos de violencia digital y calumnia contra la periodista Diana Saray Giraldo, a quien vincularon, sin sustento alguno, con el homicidio del líder social Josué Castellanos ocurrido en Arauca. Los investigados son Álvaro Moisés Ninco Daza, quien se desempeñó como embajador de Colombia en México; Gareth Steven Sella Forero, exviceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad; y María Niny Echeverry, quien fue directora de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio. La investigación, a cargo de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, señala que los tres exfuncionarios, identificados como férreos defensores del expresidente Gustavo Petro, utilizaron sus perfiles en redes sociales para acusar directamente a la periodista de ser la determinadora del crimen.
Los hechos se remontan al 5 de marzo de 2024, cuando la periodista Diana Saray Giraldo publicó un reportaje sobre las dinámicas de orden público en Arauca. Tras la difusión de este trabajo, se produjo la muerte violenta del líder social Josué Castellanos, y casi de inmediato, los entonces funcionarios públicos salieron a señalar a Giraldo como responsable del homicidio. La Procuraduría considera que estas acusaciones, realizadas sin prueba alguna y aprovechando su investidura pública, traspasaron los márgenes legales de la función pública y constituyeron violencia digital, simbólica y psicológica, con un enfoque de género, al ser agresiones motivadas por su labor informativa y su condición de mujer.
Señalamientos sin fundamento y violencia digital
El pliego de cargos incluye dos tipos de faltas: una gravísima a título de dolo, por calumnia, y una grave, por exceso en el ejercicio de la libre expresión. Dentro de las pruebas recaudadas, la Procuraduría destaca las publicaciones de los investigados, como la del exembajador Ninco Daza, quien escribió en su red social: «Señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil». Por su parte, el exviceministro Sella Forero publicó un mensaje dirigido directamente a la periodista: «¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como ‘brazo político del ELN’ y luego un líder social fue asesinado?». La Procuraduría advirtió que esa conducta adjudicó una responsabilidad penal sin sustento, configurando violencia digital contra la comunicadora.
«Señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil»
Álvaro Moisés Ninco Daza, exembajador de Colombia en México
La decisión de la Procuraduría, que se conoció luego de concluido el período del expresidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2024, subraya que estos señalamientos no solo afectaron la honra y el buen nombre de la periodista, sino que también pusieron en riesgo su integridad y su vida, en un contexto de alta violencia contra periodistas y líderes sociales en regiones como Arauca. El expediente, estructurado con enfoque de género, busca sentar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión cuando se ejerce desde el poder público, y la responsabilidad de los funcionarios al emitir acusaciones sin fundamento que pueden tener consecuencias letales.
