La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el Consulado de Colombia en Tijuana, México, luego de que se detectara que la sede nunca abrió al público ni contó con un inmueble operativo. El órgano de control incorporó la indagación previa que adelantaba la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cancillería y revisa anomalías en la habilitación financiera, el contrato de arrendamiento, compromisos sin respaldo presupuestal y el pago de salarios sin que se hubiera prestado el servicio. La denuncia, que también fue trasladada a la Fiscalía, fue presentada por Germán Calderón España, coordinador del Comité Élite Anticorrupción, y expone una serie de irregularidades que habrían ocurrido durante la administración anterior.
El Consulado fue creado mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, suscrito por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, durante el gobierno de Gustavo Petro. Ese mismo decreto también contempló la apertura de consulados en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez, pero solo el de Tijuana, cuyo domicilio figuraba en la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada, terminó siendo objeto de controversia por nunca haber atendido al público. Las solicitudes de los ciudadanos colombianos en esa región eran remitidas al Consulado en Ciudad de México, mientras se generaban obligaciones financieras sin contraprestación real. La Cancillería, ahora bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, canceló la sede tras identificar que no funcionaba y que arrastraba compromisos fiscales sin justificar.
Asignaciones millonarias sin contraprestación
Uno de los puntos más llamativos de la investigación es el monto de las asignaciones recibidas por la cónsul provisional, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien percibió una asignación mensual de 14.700 dólares, equivalentes a unos 500 millones de pesos colombianos en total durante el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 30 de octubre de 2026. En total, la funcionaria recibió más de 153.000 dólares, más viáticos y transporte de menaje por valor de 20.338 dólares, sin que hubiera prestado servicio efectivo en una sede que nunca abrió sus puertas. La Cancillería publicó en su cuenta de X una dura declaración: “Una sede consular que nunca abrió y una cónsul con una asignación de USD 14.700 mensuales. Se enfiestaron cuatro años y nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar”.
El excanciller Luis Gilberto Murillo, al referirse al caso en medios de comunicación, afirmó que “hubo algo extraño”, citado en un titular que resume las suspicacias que rodean este escándalo. La Procuraduría, por su parte, ordenó unir las pruebas de ambas actuaciones —la denuncia de Calderón España y la investigación interna de Cancillería— para evitar duplicidad o decisiones contradictorias, y también dispuso incorporar publicaciones de medios y redes sociales relacionadas con el caso. Entre los elementos bajo la lupa están el contrato de arrendamiento de la oficina, que se firmó sin asignación presupuestal, y el hecho de que la Embajada de Colombia en México solicitara un informe sobre el estado del consulado el pasado 6 de octubre.
“Una sede consular que nunca abrió y una cónsul con una asignación de USD 14.700 mensuales. Se enfiestaron cuatro años y nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar”.
Cancillería de Colombia, publicación en X
La Cancillería ha atribuido los gastos a la administración anterior y sostiene que la cancelación del consulado forma parte de una revisión de compromisos fiscales heredados. En ese sentido, aclaró que las personas y empresas contratadas para los servicios requeridos sí realizaron las tareas acordadas, por lo que existen cuentas pendientes por pagar. Mientras tanto, la Procuraduría avanza en la indagación disciplinaria que busca esclarecer responsabilidades en torno a una sede consular que, pese a estar creada por decreto y generar cuantiosos desembolsos, nunca llegó a operar para los colombianos que necesitaban asistencia consular en Tijuana.
