La Procuraduría General de la Nación, a través de su Provincial de Instrucción de Ocaña en Norte de Santander, abrió una indagación previa contra varios funcionarios del Concejo Municipal de esa localidad por presuntamente negarse a identificarse ante agentes de la Policía Nacional durante una diligencia judicial realizada en un establecimiento nocturno. Este proceso, iniciado recientemente en 2024, busca verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si configuran una posible falta disciplinaria bajo el Código General Disciplinario establecido en la Ley 1952 de 2019.
La investigación surgió a partir de información pública que circula en redes y medios, donde se observa a personas aparentemente integrantes del cabildo de Ocaña alegando su condición de servidores públicos para rehusar presentar sus documentos de identificación a los policías que cumplían con un requerimiento judicial. Este incidente resalta la exigencia legal de colaboración plena por parte de los funcionarios públicos con las autoridades en procedimientos judiciales, so pena de incurrir en faltas graves.
Posible falta gravísima y sanciones en juego
De acuerdo con el artículo 48 del Código General Disciplinario, obstruir, impedir o dilatar una investigación o requerimiento policial por parte de un servidor público constituye una falta gravísima, con posibles sanciones que incluyen destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, suspensión temporal, multas económicas, amonestación escrita o inhabilidades especiales. El proceso actual se centra en confirmar los hechos y evaluar la responsabilidad individual de cada implicado, determinando la gravedad y calificación de la conducta antes de definir cualquier medida disciplinaria.
«La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del concejo de Ocaña (Norte de Santander), por su negativa a identificarse ante los agentes de la Policía Nacional que adelantaban una diligencia judicial en un establecimiento nocturno».
Procuraduría General de la Nación
«La Provincial de Instrucción de Ocaña (Norte de Santander) inició la indagación a partir de información conocida públicamente, donde se observa a algunas personas, aparentemente integrantes de la corporación, cuando alegan su condición de servidores públicos y se niegan a presentar sus documentos de identificación ante los agentes».
Procuraduría General de la Nación
En un contexto nacional más amplio, la Procuraduría proyecta emitir hasta 100.000 decisiones disciplinarias en 2024 en todo Colombia, subrayando su rol como órgano de control en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos. Este caso en Ocaña pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento de deberes por parte de los concejales, cuya resolución final dependerá de la exhaustiva revisión de evidencias y testimonios.
«Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si los mismos son constitutivos de falta disciplinaria».
Procuraduría General de la Nación
