La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Michael Oyuela Vargas, exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien fungía como subdirector para el Manejo de Desastres, por presuntas irregularidades en la convalidación de requisitos de una contratista vinculada durante la vigencia de 2024. Esta pesquisa, adelantada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, se centra en falencias detectadas en la elaboración y firma de estudios previos, así como en certificados de idoneidad y experiencia para un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la entidad.
Las anomalías incluyen problemas en la suscripción de los estudios previos y certificados, además de indicios de que el título profesional de la contratista fue obtenido de manera irregular, lo que habría permitido su vinculación pese a que su perfil no correspondía al valor del contrato. Se analiza particularmente la posible participación de Rafael Enrique Cruz Rodríguez en la firma de estos documentos, junto con la verificación de los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para las funciones contratadas.
Investigaciones en medio de escándalo de corrupción en la Ungrd
Este proceso disciplinario se enmarca en un entramado más amplio de investigaciones por presunto corrupción en la Ungrd, que involucra el desvío de recursos destinados a emergencias. Paralelamente, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se registró un empate que requiere la designación de conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado para decidir sobre el juicio y la detención de los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, en un caso de cohecho impropio a cargo de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez.
El procedimiento disciplinario se encuentra en su etapa inicial, con la orden de recopilar pruebas documentales como los estudios previos, certificados y la formación académica de la involucrada, lo que podría revelar más detalles sobre las responsabilidades de los exfuncionarios en estas presuntas irregularidades.
