La Procuraduría General de la Nación anunció este 1 de noviembre de 2025 la inhabilitación por doce años para William Dau Chamatt, exalcalde de Cartagena, para ejercer cargos públicos y su destitución inmediata, tras hallar que intervino en la contienda electoral de 2022 mediante un apoyo directo a dos candidatas de una coalición, conducta calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo con incidencia política. La resolución se apoya en un audio difundido por WhatsApp en el que Dau Chamatt manifiesta su respaldo a candidatas al Congreso, lo que la autoridad considera incompatibles con la neutralidad y la moralidad en lo público.
El anuncio, ocurrido en Cartagena, detalla que la sanción implica una inhabilitación de doce años para ejercer cargos públicos y la destitución del cargo, medidas que persiguen dejar clara la defensa de la neutralidad institucional y de la integridad del proceso electoral. El expediente recoge antecedentes de sanciones previas por hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Cartagena, y sostiene que el audio difundido por la plataforma de mensajería constituye una intervención con incidencia política en la contienda legislativa de 2022.
La decisión y sus posibles alcances
La resolución indica que la conducta atribuida a Dau Chamatt vulnera principios fundamentales como la neutralidad, la imparcialidad y la moralidad en lo público, motivo por el cual se impuso la inhabilidad y la destitución. La Procuraduría subraya que el mensaje, difundido a través de WhatsApp, no se trató de una acción aislada, sino de un acto institucional con incidencia política, pese a que la defensa sostiene que podría haberse tratado de un origen privado. El fallo, además, no es definitivo y Dau puede presentar recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
«Cómanse tres tiras de mondá por haberme inhabilitado nueve años» – William Dau Chamatt, exalcalde de Cartagena
El propio Dau reaccionó públicamente desde un avión, dejando claro su posicionamiento y su rechazo a la decisión. En ese marco, la defensa mantiene que el mensaje analizado por la Procuraduría podría haber tenido un origen privado, mientras que la autoridad disciplinaria sostiene que se trató de un acto institucional con incidencia política y, por ello, corresponde la sanción disciplinaria. En cualquier caso, la medida produce efectos directos: el exmandatario no podrá aspirar a cargos públicos durante doce años y podría sostener su recurso ante la Sala Disciplinaria, que decidirá sobre la procedencia de la apelación y el eventual fallo definitivo.
En el ámbito local e nacional, este caso reaviva el debate sobre la delimitación entre la libertad de expresión de los exfuncionarios y la responsabilidad ética y legal frente a la neutralidad de las instituciones durante procesos electorales. La Procuraduría aclaró que, aunque la resolución pueda ser objeto de recursos, la decisión de inhabilitar y destituir permanece vigente hasta que se resuelva en última instancia, lo que mantiene a Dau Chamatt fuera de cualquier posibilidad de postularse a cargos públicos durante el periodo establecido. En Cartagena y en otros rincones del país, la noticia genera un escrutinio sobre el papel de las redes sociales y las comunicaciones digitales en la vida pública y cómo estas herramientas pueden impactar la integridad de las contiendas políticas.
