La Procuraduría General de la Nación instaló una mesa interinstitucional con la participación de entidades clave como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, Camacol, Asocajas, Asobancaria y la Contraloría General de la República, representada por el contralor delegado para vivienda José María Borras. Esta iniciativa busca analizar los impactos jurídicos, contractuales, económicos y sociales del proyecto de decreto que propone establecer topes en pesos colombianos para las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP), en lugar de referenciarlos a salarios mínimos legales mensuales vigentes. La primera sesión se realizó el 9 de marzo, seguida de una segunda mesa técnica de seguimiento, convocando a órganos estatales y gremios del sector constructor para anticipar riesgos en contratos vigentes y garantizar seguridad jurídica, estabilidad financiera y protección de los beneficiarios.
El proyecto de decreto del Gobierno elimina la referencia al salario mínimo en la fijación de precios para VIS y VIP desde la separación o promesa de compraventa, estableciendo montos fijos en pesos sin ajustes automáticos, lo que ha generado críticas por el posible aumento de precios y afectaciones a contratos en curso bajo el esquema anterior. Entre las preocupaciones destacan la seguridad jurídica de promesas de compraventa, encargos fiduciarios y opciones de compra, así como la incertidumbre en proyectos en ejecución. Adicionalmente, se impone la obligación de informar el precio total en pesos desde la manifestación de interés del comprario.
Impactos jurídicos, económicos y contractuales del decreto VIS
Las cifras revelan la magnitud del tema: las VIS pueden alcanzar hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las VIP hasta 90, y en zonas rurales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las VIS llegan a 280. Anualmente se comercializan más de 100.000 viviendas VIS, que representan más de la mitad del mercado habitacional nacional. La Procuraduría enfatiza la necesidad de prever controversias, mientras la Contraloría prevé más mesas técnicas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará inspecciones y vigilancia, y el Ministerio de Vivienda sostiene que el cambio genera previsibilidad en los contratos. La PGN continuará su monitoreo para salvaguardar los derechos de los hogares beneficiarios.
“la importancia de salva los derechos de los hogares beneficiarios de VIS y VIP, al señalar que toda modificación normativa debe contar con suficiente respaldo técnico y legal, así como prever posibles controversias”
Procuraduría General de la Nación
Esta mesa interinstitucional representa un esfuerzo coordinado para equilibrar las reformas normativas con la protección de los intereses de miles de familias colombianas, en un sector clave para el desarrollo habitacional del país.
