La Procuraduría General de la Nación, en su rol como jefe del Ministerio Público, ha ejercido el poder preferente para investigar los procesos disciplinarios relacionados con acoso sexual laboral en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de Medellín, tras los disturbios ocurridos a inicios de diciembre de 2025. Esta medida busca revisar posibles inconsistencias en el manejo de estos casos, que presuntamente generaron los desórdenes en la institución educativa pública, ubicada en la capital antioqueña. La entidad solicitó información detallada al politécnico sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento, confirmando que actualmente se tramita un proceso que cumple con los lineamientos establecidos y sobre el cual ya se profirió un fallo de primera instancia.
El ejercicio de este poder preferente se enmarca en la Circular 06 de 2025, que obliga a verificar los procedimientos internos de las instituciones ante denuncias de acoso sexual laboral. Los disturbios, originados por el manejo de estos procesos con conductas de contenido sexual, fueron rechazados públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes expresaron su inconformidad con los hechos ocurridos en el politécnico.
Marco legal y sanciones por acoso sexual
El acoso sexual laboral está tipificado en el Código Penal colombiano, con penas que van desde uno hasta tres años de prisión según la gravedad del caso, establecidas en la Ley 2365 de 2024, que define esta conducta en contextos laborales y educativos, e impone tanto sanciones penales como administrativas. Además, la Ley 2375 de 2024 establece inhabilidades indefinidas para los condenados por delitos sexuales contra menores. Las instituciones están obligadas a adoptar protocolos para el manejo de denuncias, y su incumplimiento genera sanciones administrativas, incluyendo multas, programas de sensibilización y medidas de protección para las víctimas.
«La Procuraduría General de la Nación ejercerá el poder preferente para la atención de casos de acoso sexual en materia laboral, tras los disturbios presentados en días pasados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, que presuntamente habrían sido generados por el manejo de procesos disciplinarios relacionados con temas de contenido sexual.»
Ministerio Público
«El jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso de manera prioritaria y revisar posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso sexual en materia laboral, en la institución educativa pública.»
Procuraduría General de la Nación
Con esta intervención preferente, la Procuraduría asumirá la vigilancia directa del proceso en curso en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, garantizando transparencia y el debido proceso en un caso que ha sacudido a la comunidad educativa de Medellín y puesto en el centro del debate la prevención y sanción del acoso sexual en entornos laborales y académicos.
