La Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones disciplinarias contra 25 funcionarios públicos por el presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva de derechos humanos de la niñez wayuu en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira. Así lo confirmó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, durante una sesión técnica convocada por el alto tribunal en Riohacha el pasado 13 de octubre, donde se reunieron entidades nacionales y territoriales para revisar los avances en la ejecución de las medidas ordenadas.
De acuerdo con el último corte actualizado al viernes 9 de octubre de 2026, la Procuraduría tiene registradas 125 causas desde 2017, de las cuales 41 cuentan con apertura formal de investigaciones disciplinarias, 25 funcionarios están vinculados a los procesos, cuatro casos fueron remitidos por competencia a otras autoridades y uno permanece pendiente de apertura. El procurador Eljach explicó que estas actuaciones buscan establecer posibles responsabilidades individuales frente a las órdenes judiciales, pero aclaró que la apertura de un proceso no constituye declaración de culpabilidad y que cada expediente continúa su curso para determinar si existieron faltas disciplinarias. El funcionario no reveló los nombres de los investigados.
Persisten las necesidades en agua, alimentación, salud y educación
La Sentencia T-302 de 2017 ordenó a las instituciones adoptar medidas para evitar muertes por desnutrición y garantizar condiciones básicas como cantidad diaria de agua potable, alimentación adecuada, acceso a servicios de salud e infraestructura educativa para los menores wayuu. Según los indicadores oficiales, el acceso al agua potable es el derecho con mayor rezago en la región, a pesar de que el avance físico de la infraestructura proyectada para cumplir la sentencia alcanza el 89,69%, de acuerdo con el Tablero de Control del Departamento Nacional de Planeación.
Durante la sesión técnica del 13 de octubre, la Corte Constitucional hizo seguimiento al grado de cumplimiento de las órdenes y conoció los resultados presentados por las instituciones convocadas, en un escenario donde las necesidades en agua, alimentación, salud e infraestructura educativa persisten en los cuatro municipios priorizados por el fallo.
«Ya nosotros tenemos abiertas 125 causas desde 2017, cuando empezó la sentencia, hasta el viernes pasado, cuando hicimos un corte actualizado»
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación
«Eso va a seguir avanzando. Pero no es para meter miedo. Es para decir que aquí hay un Estado de derecho y unas instituciones que velan porque todos los servidores públicos cumplamos con nuestros compromisos»
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación
El procurador enfatizó que las investigaciones continuarán su curso y que el objetivo no es generar temor, sino garantizar que los servidores públicos asuman sus responsabilidades. La decisión de la Corte de realizar esta sesión técnica en Riohacha responde a la necesidad de verificar de cerca los avances de las entidades nacionales y territoriales en la protección de los derechos de la niñez wayuu, una población que ha enfrentado históricamente condiciones de vulnerabilidad extrema en La Guajira. Los expedientes disciplinarios siguen avanzando mientras la Corte mantiene su vigilancia sobre el cumplimiento integral de la sentencia.
