La Procuraduría General de la Nación abrió este 8 de enero de 2026 una investigación disciplinaria contra César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, por presunto incumplimiento de una sentencia judicial que ordena la culminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Ranchería, en La Guajira. La pesquisa se centra en la falta de avances en los trámites administrativos requeridos por la sentencia, ratificada por el Consejo de Estado el 11 de mayo de 2023 y emitida inicialmente por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que busca garantizar el suministro de agua potable y sistemas de riego en diez municipios afectados: Ranchería, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.
El proyecto, cuyos contratos se firmaron en 2001 y las obras iniciaron en 2005, permanece inconcluso desde 2010, lo que representa más de quince años de estancamiento para la fecha de 2023. A pesar de una inversión acumulada superior a los 650 mil millones de pesos, la represa El Cercado, finalizada en 2010, solo cumple la función de regular el caudal del río, sin proveer agua potable, riego ni generación hidroeléctrica. La Contraloría General de la República detectó en 2017 graves irregularidades, incluyendo 43 de carácter administrativo, 18 posibles disciplinarias y cuatro fiscales por un valor de 934,5 millones de pesos.
Antecedentes y mesa técnica interinstitucional
La sentencia surgió de una acción popular que denunció el incumplimiento de la licencia ambiental y la vulneración del derecho al acceso de agua potable en la región. Como medida correctiva, se creó una mesa técnica interinstitucional coordinada por la Agencia de Desarrollo Rural, con participación de la Dirección Nacional de Planeación, la Gobernación de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional del Río Ranchería, y los ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente, Vivienda, Minas e Interior. Sin embargo, bajo la gestión de Pachón se han verificado retrasos continuos, pese a la clara hoja de ruta judicial establecida.
La noticia cobra relevancia en medio de la persistente crisis hídrica en La Guajira, agravada por emergencias pasadas como las inundaciones de La Niña en 2010 que afectaron comunidades indígenas de Caracolí, Piñón y Piñoncito, así como episodios de contaminación química que provocaron la muerte masiva de peces. Actualmente, persiste el riesgo de colapso del embalse ante posibles lluvias intensas, lo que podría exacerbar las emergencias ambientales y humanitarias en la zona.
