La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, dos evaluadores jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional, por la presunta exclusión injustificada del Consorcio Rural en un proceso de selección abreviada. La actuación, anunciada el viernes 10 de julio, busca determinar si los funcionarios, integrantes del comité evaluador en el componente jurídico, desestimaron sin sustento una solicitud del consorcio para modificar a uno de sus integrantes, la cual, según el ente de control, habría sido radicada oficialmente antes del cierre del plazo de recepción de ofertas.
La investigación se centrará en verificar la trazabilidad de la plataforma Secop II, donde se gestionó el proceso, para establecer el momento exacto del registro de dicha solicitud. La Procuraduría recopilará pruebas documentales del sistema y escuchará en versión libre a los investigados, con el objetivo de determinar si la decisión del comité vulneró los principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación estatal. Cabe aclarar que la indagación se encuentra en etapa inicial y no implica una sanción ni conclusión definitiva sobre responsabilidad disciplinaria.
Contexto y antecedentes en la Policía Nacional
Este proceso se suma a otro reciente abierto por la Procuraduría contra funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (Cippa), el miércoles 8 de julio, por presuntas irregularidades en la adquisición de drones durante 2022. La Diran, encargada de procesos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y dirigida actualmente por el brigadier general William Castaño Ramos, es el escenario de esta nueva actuación disciplinaria que pone en el centro la gestión del comité evaluador y el uso de la plataforma de contratación pública Secop II como herramienta clave para determinar si la exclusión del Consorcio Rural se ajustó a las normas vigentes.
