La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra dos exdirectivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por posibles irregularidades en la planeación, estructuración y ejecución de un contrato firmado en 2024 para prestar servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. Las investigadas son Adriana Velásquez Lasprilla, quien se desempeñó como subdirectora general de la entidad, y María Mónica Martínez, exdirectora de primera infancia. El anuncio se realizó el domingo 25 de octubre, sin que se haya especificado el año en el comunicado oficial, aunque el contexto de la contratación corresponde al 2024.
Según el organismo de control, la investigación busca determinar si durante las etapas del proceso contractual se presentaron fallas que comprometieron el cumplimiento de las obligaciones o la adecuada supervisión del contrato. «La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos exdirectivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el 2024 para prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia», señaló la entidad en un comunicado oficial. Y agregó: «Se hace necesario verificar si durante su ejecución se presentaron situaciones que pudieron comprometer el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la adecuada supervisión del contrato».
Edificio inconcluso, otro frente de controversia
Un día antes de conocerse la apertura de este proceso disciplinario, el propio ICBF denunció que un edificio de cinco pisos ubicado en el barrio Centenario, en la localidad bogotana de Rafael Uribe Uribe, permanece inconcluso desde 2014 a pesar de una inversión que ya supera los 4.600 millones de pesos. Según el reporte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF, con corte a 2026 (sic), la ejecución física de la obra apenas alcanza el 76 por ciento. El inmueble fue proyectado para albergar a más de 70 funcionarios y ampliar la capacidad operativa del instituto, pero los empleados se encuentran actualmente hacinados en otra sede cercana.
Los residentes del sector han denunciado que el predio abandonado facilita la inseguridad y deteriora el entorno. Wilfredo Pulido, habitante del barrio Centenario, expresó su frustración: «Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer de esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuesta, dicen que lo van a demoler, que lo van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco».
«Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer de esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuesta, dicen que lo van a demoler, que lo van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco».
Wilfredo Pulido, residente del barrio Centenario
En 2024 se firmó un nuevo contrato para adecuar y finalizar la obra, pero ese acuerdo también registra incumplimientos, de acuerdo con la información conocida. La investigación disciplinaria contra las exdirectivas se da en medio de la veeduría interna que el ICBF adelanta sobre los procesos y contrataciones de la administración de Gustavo Petro. Los vecinos han solicitado que, si el edificio no se utiliza con fines administrativos, se destine a programas para niños y población vulnerable, mientras la Procuraduría avanza en el esclarecimiento de las posibles anomalías en los contratos de educación inicial para la primera infancia.
