La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, por presuntas fallas en el control y seguimiento de la hidroeléctrica Urrá I durante su gestión como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), tras las inundaciones que afectaron la cuenca del río Sinú en febrero de 2026. La pesquisa también abarca a Camilo Alexander Rincón Escobar, subdirector de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Anla; Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López López, superintendente delegado de Energía y Gas Combustible; Orlando Rodrigo Medina Marsiglia, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), así como a directivos de Urrá S.A. E.S.P., por omisiones en la vigilancia y operación de la planta.
El proceso, formalizado mediante el Auto 11905 del 30 de diciembre de 2025, surge de un informe de función preventiva relacionado con la emergencia de inundaciones, y ordena la práctica de pruebas documentales para verificar posibles faltas disciplinarias bajo el Código General Disciplinario. Los presuntos incumplimientos datan desde 2024, con actualizaciones en el Catálogo de Necesidades Operativas (CNO) desde 2022, e incluyen una operación negligente de Urrá I que priorizó la generación eléctrica sobre la regulación de caudales, violando el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la Curva Guía Máxima y los caudales máximos permitidos.
Responsabilidades en la cadena de control
La Procuraduría destaca deficiencias en los planes de gestión de riesgo, contingencias y alerta temprana, así como omisiones de la CVS en el control de obras ilegales como terraplenes y diques en humedales. Además, se solicitó información a la Anla sobre la vinculación laboral de los involucrados y el expediente del Auto 11905, con el fin de determinar si las inundaciones fueron la materialización de un riesgo conocido previamente asociado al manejo del embalse Urrá I.
«la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú durante febrero de 2026 no puede considerarse un evento puramente natural e imprevisible»
Procuraduría General de la Nación
«los hechos y la evidencia documental apuntan a que fue la materialización de un riesgo conocido»
Procuraduría General de la Nación
Esta investigación podría extenderse a otros actores en la cadena de responsabilidades, subrayando fallas sistémicas en la vigilancia por parte de la Anla, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CVS, en un contexto donde las inundaciones revelaron vulnerabilidades en la operación de la hidroeléctrica Urrá I, según documentos de la Procuraduría y las entidades investigadas.
