Desde La Veintitrés Manizales informamos que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por presunta presión política y posible uso de su cargo para favorecer la aspiración al Senado de su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado. La indagación está a cargo de la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa y se desarrolla en Cúcuta, Norte de Santander, con la recopilación de testimonios y documentos; por ahora no se han adoptado medidas preventivas ni sancionatorias.
El objetivo de la investigación es determinar si existió presión o proselitismo político y el posible uso indebido de bienes públicos, así como verificar si se vulneró la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único. Aunque el material no especifica la fecha de inicio de la indagación, el proceso se mantiene en curso y la Procuraduría avanza en la recopilación de pruebas. Además, se analizan posibles alianzas con dirigentes, concejales y exfuncionarios de Norte de Santander para compromisos electorales a favor de Vargas Torrado. En el contexto, Acevedo fue elegido para el periodo 2024-2027 y su administración ha sido objeto de críticas por irregularidades en contratación municipal; la noticia se intensifica ante la decisión de la esposa de postularse al Senado en 2026, lo que genera cuestionamientos de conflictos de interés. Hasta el momento no hay declaraciones textuales disponibles en el material proporcionado.
La indagación disciplinaria se intensifica en Norte de Santander
La Procuraduría señala que el proceso se encuentra en la fase de recolección de pruebas y podría ampliarse si emergen nuevos elementos o testimonios. No se han tomado medidas preventivas ni sancionatorias y el marco legal que sustenta la actuación es la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, que regula las responsabilidades de servidores públicos en materia disciplinaria.
«No hay declaraciones textuales disponibles en el material proporcionado.» – Fuente institucional
A medida que avanza la indagación, podrían surgir nuevos elementos que permitan esclarecer responsabilidades y, de haber mérito, abrir pliegos de cargos. Por ahora no hay pronunciamiento de fondo ni sanciones. La Procuraduría enfatiza la necesidad de preservar la neutralidad institucional y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales, especialmente en un escenario donde la intención de la pareja presidencial de aspirar al Senado podría generar conflictos de interés en Norte de Santander.
