Procuraduría investiga al alcalde encargado de Girón, Santander, tras 37 despidos en una semana

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En Girón, Santander, una avalancha de despidos ha sacudido la administración municipal en los últimos días, con 37 desvinculaciones en una semana que han encendido alarmas sobre una posible “masacre laboral”; la Procuraduría General de la Nación, por su parte, abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde encargado Fredy Cáceres para determinar extralimitación de funciones o vulneración de derechos. Este escenario ocurre en un contexto político particular: el Consejo de Estado anuló la elección de Campo Elías Ramírez para el periodo 2024-2027 por doble militancia, y el gobernador Juvenal Díaz Mateus designó a Cáceres como alcalde encargado mientras se definen las próximas elecciones atípicas.

Las autoridades señalan que las desvinculaciones se dieron mediante actos administrativos que declararon insubsistencia, acompañados de la solicitud de renuncia protocolaria para quienes ocupaban cargos. Entre las cifras que circulan figuran 17 casos de revisión del fuero de maternidad y paternidad, de los cuales 13 fueron validados y 4 quedaron con dudas razonables. La duración de la designación de alcalde encargado se sitúa en 10 días, según el equipo de la administración, y se señala que el grupo que acompañó al alcalde durante ese periodo fue el mismo que respaldó a la campaña del candidato a la alcaldía de Girón que perdió, lo que para los denunciantes alimenta la sospecha de motivación política. En medio de esas versiones, se afirma también que estas instrucciones podrían haber salido del gobernador Juvenal Díaz Mateus, de acuerdo con las declaraciones de exfuncionarios.

Contexto y desarrollo del caso

Antecedentes: el Consejo de Estado anuló la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia, quedando sin credencial para el periodo 2024-2027; en respuesta, el gobernador Juvenal Díaz Mateus designó a Fredy Cáceres como alcalde encargado. Proceso en curso: la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria para determinar posibles abusos de poder o vulneraciones de derechos, con foco en la actuación de funcionarios de la Gobernación y en decisiones que afectaron a la Administración municipal. Impacto: las desvinculaciones se produjeron sin explicaciones claras en áreas sensibles como comunicaciones y ordenamiento territorial, con efectos posibles sobre proyectos institucionales y sociales. Estado actual: Cáceres continúa como alcalde encargado hasta la convocatoria de elecciones atípicas para definir al nuevo mandatario 2024-2027; la Procuraduría verificará si existieron vulneraciones de derechos laborales o intervención indebida de funcionarios de la Gobernación.

«una avalancha de despidos masivos» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«No se entiende cómo una persona que va a estar solo ocho o diez días cambia completamente el gabinete. Es algo injustificado» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«Lo que está sucediendo lo comparo yo con la avalancha del 2005, es una avalancha de despidos masivos en contra del actual gobierno» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«Hay personas, madres en situación de lactancia, hay otro funcionario que está esperando un hijo, cuya esposa no trabaja» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«Nos comentan que estas son instrucciones del gobernador Juvenal Díaz Mateus» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«el equipo que llegó acompañando al alcalde, que está designado solo por 10 días, fue el mismo que estuvo en campaña con el candidato a la alcaldía de Girón que perdió» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«Apenas el Consejo de Estado estaba revisando lo de nuestro municipio, estaba haciendo campaña el señor Luis Díaz Mateus, con el asesor del gobernador William Mantilla y pues obviamente es súper notorio» – Carlos Álvarez, exfuncionario

«Exigimos a la Procuraduría que tome una medida cautelar a la Gobernación de Santander, porque no hay garantías para el proceso electoral que vamos a tener en los próximos días o meses» – Carlos Álvarez, exfuncionario

Este marco revela una tensión entre las dinámicas políticas locales y las decisiones administrativas, con un impacto potencial sobre la continuidad de proyectos institucionales y sociales en Girón. La Procuraduría mantiene un escrutinio cercano para determinar si existieron desvíos de poder u ovalaron derechos laborales, mientras se sostienen conversaciones sobre el devenir de la administración hasta que se convoquen las elecciones pertinentes.

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