La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si existieron irregularidades en la asignación y continuidad de los esquemas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, ambas exfuncionarias cercanas al Gobierno Petro. El organismo de control revisa los criterios con los que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) y el Ministerio del Interior aprobaron las medidas, y si se cumplían las condiciones requeridas para mantenerlas. La investigación disciplinaria fue divulgada por la revista Semana apenas días después de que un juez avalara el preacuerdo de Guerrero con la Fiscalía, que la llevó a una condena por fraude procesal.
Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad en un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal, junto con una inhabilidad de dos años y cinco meses para ejercer cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia se originó por la obtención fraudulenta de dos títulos falsos de la Fundación Universitaria San José: Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, expedidos en julio de 2025 y luego anulados. En la misma causa, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general de la Fundación San José, fue condenado a tres años como cómplice. Durante la audiencia, Guerrero pronunció un “Pido perdón al país”, frase que luego replicó en redes sociales junto a otras declaraciones como “Se metieron con mi familia” y “Me han llamado de todo”, en las que también denunció que fue acusada sin pruebas de tener nexos con grupos armados y que su madre fue vinculada falsamente a una organización ilegal.
Indagación por esquemas de seguridad
La Procuraduría indaga ahora si las medidas de protección a Guerrero y Muñoz fueron otorgadas de forma regular. En el caso de Gabriela Muñoz, el esquema de seguridad habría sido asignado desde el 19 de agosto de 2026 —probable error de año en la información original— bajo una norma que ampara a dirigentes o activistas políticos. La investigación busca posibles fallas en los trámites de protección, así como la pertinencia de que ambos esquemas se mantuvieran activos. Paralelamente, el órgano de control adelanta otra indagación vinculada al paso de Muñoz por la Aerocivil, por presunta intervención en asuntos ajenos a sus funciones, tráfico de influencias y posibles beneficios para personas cercanas, cargo que la exfuncionaria ha negado, sosteniendo que su puesto no le otorgaba facultades para influir en nombramientos, contratos o decisiones administrativas.
“Usaron mi privacidad para ganar votos”
Juliana Guerrero
En sus intervenciones públicas, Guerrero también criticó a congresistas y figuras públicas que utilizaron su vida personal para campañas electorales y luego dejaron de referirse a su situación, asegurando que “los jóvenes no solo sirven para los votos” y que “no pago con la misma moneda”. Estas declaraciones se suman al clima de controversia que rodea a las dos exfuncionarias, mientras la Procuraduría avanza en la revisión de los expedientes de seguridad y en las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de su gestión pública.
