Procuraduría investiga fallecimientos de menores en operaciones castrenses; ¿se cumplen normas del DIH?

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Investigaciones de la Procuraduría tras muertes de menores durante operaciones armadas

La Procuraduría General de la Nación informó la apertura de cinco investigaciones preliminares para esclarecer lo sucedido en la muerte de al menos quince menores durante operativos recientes contra grupos armados ilegales en el territorio nacional.

El objetivo de estos procesos es determinar si los funcionarios públicos involucrados obedecieron las normas del marco normativo humanitario durante la planificación y ejecución de las acciones militares.

Según la autoridad de control, ya se ha recopilado información inicial sobre el diseño y la implementación de los operativos en distintas regiones afectadas.

La finalidad central es valorar si las Fuerzas Armadas que participaron respetaron principios de precaución, dignidad humana y proporcionalidad, fundamentales al enfrentar a actores armados que involucran población protegida, como la niñez.

La Procuraduría enfatiza que el reclutamiento y uso de menores por parte de grupos armados constituye un crimen internacional y que el Estado tiene la obligación de prevenirlo y sancionarlo. Este compromiso persiste incluso cuando los menores son empleados por actores ilegales para elevar el riesgo operativo.

Según el organismo, el marco humanitario internacional permite atacar a objetivos compuestos por combatientes aun con presencia de menores vinculados, pero exige una evaluación individual de la proporcionalidad en cada intervención. La revisión abarca análisis de inteligencia previa, verificación de la presencia de menores y la consideración de alternativas para minimizar daños.

Para fortalecer la labor, se prevé la llegada de una comisión especializada a los lugares de los hechos, con el fin de recoger testimonios de comunidades, reportes militares, material técnico y otras evidencias que permitan reconstruir la cronología de lo sucedido. Asimismo, se verificará la activación de protocolos de atención humanitaria, manejo de bajas y la coordinación interinstitucional con entidades civiles responsables.

La finalidad de la Procuraduría es determinar eventuales responsabilidades individuales y garantizar que las actuaciones de la fuerza pública se ajusten a los estándares legales y éticos vigentes a nivel nacional e internacional. La entidad reafirma su compromiso con la protección de la infancia y con la estricta observancia del marco humanitario, manteniendo la transparencia, la objetividad y el debido proceso en cada etapa de la investigación.

Proporcionalidad en el Derecho Internacional Humanitario

El principio de proporcionalidad, pilar del derecho humanitario, establece que la respuesta militar debe estar contenida dentro de los beneficios anticipados y evitar daños innecesarios, especialmente cuando hay población protegida como los menores.

Conocer el alcance de este criterio ayuda a comprender por qué cada operación debe ser evaluada con rigor para salvaguardar a la infancia y garantizar la legitimidad de las acciones estatales en contextos de conflicto armado interno.

  • La revisión prioriza un balance entre daño probable y ganancia militar prevista
  • Se evalúan medidas para evitar repercusiones sobre civiles y posibles alternativas
  • Se monitorea la aplicación de normas nacionales e internacionales durante las operaciones

«La protección de la población civil, especialmente la infancia, constituye un eje central de la normativa humanitaria» – Vocero de la Procuraduría General de la Nación

«La aplicación de la proporcionalidad requiere análisis caso por caso para evitar daños innecesarios» – Dra. Ana Márquez, experta en Derecho Internacional Humanitario

Este informe se sustenta en los datos verificados por la institución y busca ofrecer una visión objetiva sobre las etapas de la investigación y sus posibles derivaciones.

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