La Procuraduría General de la Nación enviará una comunicación formal al Gobierno Nacional, específicamente a la Casa de Nariño en Colombia, para exigir explicaciones por la demora en la ejecución de la suspensión provisional de tres meses impuesta al general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército. Esta medida disciplinaria fue decretada la semana pasada y notificada oficialmente el jueves anterior, debido a presuntas relaciones del oficial con las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Calarcá’, según hallazgos revelados por Noticias Caracol que lo vinculan a contactos para asesorar empresas de seguridad.
La suspensión, que aún espera la firma del acto administrativo por parte de la Presidencia de la República bajo el mando del presidente Gustavo Petro, contrasta con la rapidez exhibida en otros casos similares, como la suspensión expedita de Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, y la demora observada en el expediente del excanciller Álvaro Leyva. Fuentes consultadas por W Radio han confirmado que, mientras tanto, el general Huertas continúa firmando oficios y ejerciendo sus funciones operativas de manera normal.
Posibles implicaciones de la demora
La Procuraduría considera que esta dilación no solo podría interferir en las investigaciones en curso, sino también generar un trato desigual entre casos y agravar la situación disciplinaria del oficial, abriendo la puerta a nuevas indagaciones por posible incumplimiento. Cabe recordar que el general Huertas había sido retirado durante el gobierno de Iván Duque, pero fue reintegrado por el actual mandato de Petro, lo que añade un matiz político al episodio.
“No hay motivo para el retraso”
Procuraduría General de la Nación
Este requerimiento formal de la Procuraduría busca esclarecer las razones detrás de la inactividad administrativa y garantizar el cumplimiento oportuno de las decisiones disciplinarias, en un contexto donde la continuidad de Huertas en su cargo genera interrogantes sobre la celeridad en la aplicación de medidas contra altos funcionarios militares.
