La Procuraduría General de la Nación, liderada por el procurador general Gregorio Eljach, respaldó la legalidad general del decreto de emergencia económica promulgado por el presidente Gustavo Petro tras las intensas lluvias de enero y febrero de 2026 que azotaron varios departamentos de Colombia, causando inundaciones masivas. Sin embargo, en un informe remitido a la Corte Constitucional, la entidad solicitó invalidar los apartados relacionados con el sector energético y el acceso a tierras, argumentando que estas medidas exceden el alcance de la declaratoria de emergencia invernal. El concepto, revelado por Blu Radio, servirá como insumo para la ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo en la sala plena del alto tribunal, y fue notificado previamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU.
Las lluvias excepcionales, asociadas al frente frío de principios de año, generaron una crisis económica, social y ecológica en los territorios afectados, justificando en principio la declaratoria de emergencia según el informe de la Procuraduría. No obstante, el Ejecutivo no logró demostrar la necesidad inmediata de abordar problemáticas históricas como la tenencia de la tierra en el contexto de estos fenómenos hidrometeorológicos, ni las afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y al sistema eléctrico nacional. Entre las medidas cuestionadas destaca la facultad otorgada a la Agencia Nacional de Tierras para reubicar a damnificados, así como intervenciones en cobros a generadoras de energía.
Medidas anuladas y plazos de devolución
En línea con decisiones previas de la Corte Constitucional, que ya anuló un decreto sobre cobros a generadoras de energía y suspendió el impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro, la Procuraduría pide declarar inexequibles estas disposiciones. Una de las cifras clave involucra la anulación de una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de 2025 en un decreto relacionado, con un plazo de seis meses para su devolución o compensación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Además, una resolución anterior obliga la devolución de recursos a generadoras hidráulicas con un descuento tributario del 100% en el impuesto de renta.
“los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”
Procuraduría General de la Nación, informe
“El Ejecutivo no demostró de qué manera las problemáticas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia requieren una atención inmediata para enfrentar la emergencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos entre enero y febrero de 2026”
Procuraduría General de la Nación, informe
Este pronunciamiento de la Procuraduría se enmarca en el escrutinio judicial al decreto emitido por el gobierno de Gustavo Petro para mitigar los impactos de las inundaciones, y podría marcar un precedente en la revisión de estados de emergencia, equilibrando la urgencia de la respuesta con los límites constitucionales de las medidas adoptadas.
