La Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y el delegado Marcio Melgosa, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, la suspensión inmediata de los pagos a la Casa de la Moneda de Portugal derivados del contrato de pasaportes suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa. Esta petición, contenida en un documento de ocho páginas, busca medidas cautelares para detener las transferencias de fondos y evitar un riesgo al patrimonio público estimado en 1,8 billones de pesos.
La solicitud se fundamenta en la posible afectación al erario público por la ejecución del convenio, firmado en contravención del artículo 2 de la Ley 1140 de 2007 al no someterse a licitación pública, lo que implica una desviación de poder, subcontratación justificada por la supuesta falta de capacidad de la Imprenta Nacional y vulneraciones a los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva. Según el delegado Melgosa, negar la medida cautelar sería más perjudicial para el tesoro público que decretarla, toda vez que la Procuraduría ya interpuso una demanda contra el convenio.
Gravedad para el patrimonio y el servicio público
En el documento remitido al tribunal colombiano, la Procuraduría argumenta que el paso del tiempo podría convalidar las irregularidades, ya que los pagos al contratista extranjero se realizarían bajo condiciones pactadas sin estudios técnicos ni económicos que las respalden. Esta iniciativa forma parte del nuevo sistema de pasaportes impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya provocó la destitución e inhabilidad por diez años del excanciller Álvaro Leyva, así como cuestionamientos previos de la Contraloría por riesgos en el servicio de expedición de pasaportes.
«Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio con persona extranjera de derecho público».
Procuraduría General de la Nación
«En este sentido, el transcurrir del tiempo puede terminar convalidando las antijuridicidades discutidas, teniendo en cuenta que los pagos se efectuarán al contratista bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos y/o económicos que las soporten».
Procuraduría General de la Nación
Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca será el encargado de decidir si acoge la solicitud de la Procuraduría y suspende la ejecución del convenio, o permite su continuidad, en un caso que pone en el centro del debate la gestión de contratos públicos en el sector de pasaportes.
