La Procuraduría General de la Nación solicitó este viernes, durante la audiencia de medida de aseguramiento celebrada el 20 de marzo de 2026, la detención preventiva en establecimiento carcelario contra cinco procesados por los presuntos delitos de tortura, utilización de menores, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio, y soborno a testigo, en el marco del homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional. Los implicados son Katherine Andrea Sotelo, Andrés Camilo Sotelo, Yeimy Tatiana Vega, Solanggye Trujillo Devia y una adolescente, cuya participación en los hechos se basa en pruebas como videos, conversaciones de chat y declaraciones juramentadas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Los videos y evidencias expuestas en la audiencia, así como en las dos previas de imputación, revelan una emboscada planeada con perfiles falsos en TikTok e Instagram, motivada por supuestos mensajes sexuales que la víctima habría intercambiado con la menor de diez años, hija de Katherine Andrea Sotelo. Los hechos ocurrieron en el barrio Quiroga, el centro comercial Titán y la vivienda de Rincón, donde un grupo convenció a la víctima mediante chats privados tras interacciones en redes sociales; allí, una menor consumió sustancias, perdió el conocimiento y contactó a Sotelo, desencadenando la venganza que culminó en los últimos minutos de vida de Juan Felipe, captados en grabaciones que muestran sufrimientos físicos y psíquicos de notable intensidad.
Pruebas que califican los hechos como sádicos
El delegado de la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía, destacando que las pruebas demuestran un homicidio con manipulación digital y elementos de sadismo, superando los requisitos para la detención preventiva como la única medida adecuada, necesaria y proporcional, descartando incluso la domiciliaria para todos los imputados.
“Se han superado los requisitos exigidos para acreditar la necesidad de imponer una medida de aseguramiento. El señor fiscal realizó un análisis detallado y expuso de forma particularizada los motivos que justifican la solicitud. Además, dedicó un apartado específico a demostrar por qué la medida invocada es la única que resulta adecuada, necesaria y proporcional en este momento procesal”
Delegado de la Procuraduría
“El fiscal abordó todos los argumentos requeridos para concluir que no procede la imposición de medidas de aseguramiento distintas a la detención preventiva en este caso. Su exposición satisface los elementos legales exigidos, por lo cual consideramos válida la solicitud presentada. No resulta procedente, ni siquiera como alternativa para alguno o todos los imputados, la detención preventiva de carácter domiciliario”
Delegado de la Procuraduría
El procurador delegado reiteró la petición ante el juez, fundamentándola en el análisis fiscal, mientras que en su intervención sobre la tortura enfatizó que la conducta se configura plenamente con las evidencias mostradas.
“Por lo anterior, su señoría, y para no extenderme, reitero que mi intervención se fundamenta en lo expuesto por el señor fiscal. Solicito que atienda la petición y disponga la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario para todos y cada uno de los imputados”
Procurador delegado
“La conducta se configura por sí misma, siempre que pueda establecerse —como ocurre en este caso— que efectivamente sucedió lo que se alega. Así lo demuestran los videos presentados en esta audiencia y en las dos audiencias de imputación celebradas hasta ahora, donde se observa que el joven Ricó Morales fue sometido a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos de notable intensidad»
Delegado de la Procuraduría
Esta solicitud se enmarca en una investigación que ha conmocionado a Manizales por la saña de los hechos, con fuentes como la audiencia, la Fiscalía y capturas de redes sociales confirmando la gravedad del caso, que involucra a cinco procesados y una menor de diez años en un entramado de venganza digital y violencia extrema.
