La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente la apertura de una investigación disciplinaria contra trece exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por su presunta responsabilidad en el agravamiento de la crisis financiera, administrativa y operativa de la Nueva EPS, tras casi dos años de intervención forzosa. Entre los señalados se encuentran el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsuperintendente Nacional de Salud Daniel Quintero y el exagente especial interventor de la Nueva EPS Jorge Iván Ospina Gómez. La lista se completa con siete exsuperintendentes de Salud y cinco agentes interventores adicionales, quienes, según el ente de control, habrían incurrido en decisiones, omisiones o fallas en el control, vigilancia e intervención que terminaron por profundizar los problemas de atención y sostenibilidad de la entidad.
El informe del Ministerio Público señala que las medidas adoptadas durante el período de intervención forzosa no lograron acreditar resultados suficientes ni en el acceso efectivo a los servicios médicos ni en la recuperación financiera de la Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados en Colombia. La investigación se estructura en tres niveles de posible responsabilidad: el primero apunta a los agentes interventores que estuvieron al frente de la entidad; el segundo, a la Superintendencia Nacional de Salud, encargada de seleccionarlos y vigilarlos; y el tercero, al Ministerio de Salud, como rector del sistema sanitario. El documento advierte que las condiciones financieras y operativas de la EPS se deterioraron desde la aplicación de la intervención estatal.
Deterioro financiero y operativo en cifras alarmantes
Las cifras que sustentan la solicitud de la Procuraduría revelan un panorama crítico para la Nueva EPS. El patrimonio negativo proyectado asciende a 11,94 billones de pesos, mientras que los anticipos sin legalizar superan los 17 billones de pesos. El rezago de facturas alcanza las 12,98 millones, por un valor superior a los 13,5 billones de pesos. Este descalabro financiero se ha traducido en un colapso en la atención a los usuarios, reflejado en el incremento exponencial de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, conocidas como Pqrs, que pasaron de 451.000 en 2023 a cerca de 935.000 en 2025. Solo en el primer trimestre de 2026 se acumularon 216.308 Pqrs, de las cuales más de la mitad no habían recibido respuesta.
Los reclamos por falta de medicamentos se convirtieron en uno de los principales focos de la crisis, con 48.178 casos abiertos en los primeros tres meses de 2026. A esto se suman 26.700 quejas por obstáculos para acceder a consultas especializadas, afectando particularmente a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y con tratamientos continuos. La judicialización de la crisis también se disparó: en el primer trimestre de 2026 se presentaron 40.668 acciones de tutela, de las cuales 31.588 permanecen abiertas. Mientras que en 2023 el promedio mensual de tutelas rondaba las 5.000, en los primeros meses de 2026 esa cifra se elevó a cerca de 13.000. En los últimos siete meses del gobierno de Gustavo Petro, la Nueva EPS recibió 76.279 tutelas, equivalentes al 11,5 por ciento del total de demandas contra todas las EPS del país, consolidándose como la aseguradora con mayor número de procesos judiciales de este tipo.
Contexto de intervención y nuevas órdenes judiciales
La intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS fue ordenada hace casi dos años por el gobierno nacional como una medida para sanear sus finanzas y garantizar la prestación del servicio. Sin embargo, el informe de la Procuraduría plantea que las decisiones y omisiones de los funcionarios investigados no solo no lograron ese objetivo, sino que agravaron la situación. En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud presentar en un plazo de 60 días un plan institucional para atender los incumplimientos de los fallos de tutela atribuidos a la Nueva EPS, priorizando los casos de grave riesgo y los sujetos de especial protección constitucional. La investigación disciplinaria avanza mientras el país espera definiciones sobre el futuro de la EPS que concentra a millones de afiliados y que se ha convertido en el epicentro de una crisis de salud que trasciende lo financiero para tocar las fibras más sensibles del sistema sanitario colombiano.
