La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión temporal de los pagos de un contrato de obra pública por más de 43.382 millones de pesos en Arauca, mientras se investigan posibles irregularidades en el proceso de selección del contratista. La medida, de carácter preventivo, fue adoptada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca tras una queja presentada por la Veeduría para la Transparencia Ciudadana, que también puso los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia. El contrato, suscrito entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (EMSERPA) y la firma MOPEN S.A.S., está relacionado con recursos de un convenio del Ministerio de Vivienda.
La actuación preventiva, que no implica aún responsabilidades disciplinarias ni sanciones, busca recopilar información para determinar si el proceso de contratación se ajustó a las condiciones pactadas con el Ministerio de Vivienda y a las disposiciones legales aplicables. El ente de control identificó siete puntos que requieren aclaración, entre los que se destacan la modalidad de contratación empleada, los plazos establecidos y la ausencia de audiencias públicas. Según la información recabada, el proceso se realizó mediante invitación pública bajo régimen especial, sin utilizar los documentos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico, y no se encontraron registros de audiencias de asignación de riesgos ni de adjudicación.
Plazos ajustados y ausencia de audiencias
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Procuraduría fue la celeridad con la que se adelantó el proceso de selección. De acuerdo con la investigación preliminar, solo se otorgó un día hábil para que los interesados presentaran observaciones al proyecto de pliego, y un día para pronunciarse sobre el informe de evaluación. Asimismo, se identificó un lapso reducido entre la publicación de la convocatoria y su cierre, lo que, según el ente de control, podría haber limitado la participación de otros oferentes. La Procuraduría también revisa los requisitos exigidos a los participantes y la situación jurídica de MOPEN S.A.S., la empresa contratista.
Los funcionarios requeridos, entre ellos el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, y el gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar, deberán entregar la documentación completa del proceso y explicar las condiciones en las que se adelantó la contratación. La Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca continuará con la recopilación de información para determinar si se configuraron irregularidades que ameriten una investigación disciplinaria formal. Hasta el momento, la fase es preventiva y no se han establecido responsabilidades ni iniciado sanciones, pero la suspensión de los pagos se mantendrá mientras se aclaran los hechos denunciados por la Veeduría para la Transparencia Ciudadana.
