La Procuraduría General de la Nación ratificó este 23 de diciembre la suspensión provisional de cargos del general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, y de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia. La decisión, tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría en Bogotá, se dejó en firme tras la difusión de archivos atribuidos al líder disidente alias Calarcá, y responde a presuntos vínculos de ambos oficiales con estructuras disidentes de las Farc, incluyendo la entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública y el respaldo a empresas de seguridad para legalizar armas de manera irregular.
Los señalamientos contra Huertas y Mejía incluyen la facilitación de información estratégica sensible y la propuesta de negocios irregulares con las disidencias comandadas por alias Calarcá. La revelación inicial surgió de un informe periodístico de Noticias Caracol, que presentó documentos asociados directamente al líder disidente. En el caso del general Huertas, quien había sido retirado del servicio activo y posteriormente reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se le vincula con reuniones en Bogotá junto a un allegado cercano de Calarcá, en medio de preparativos para posibles escenarios de ruptura en los diálogos de paz con el Ejecutivo.
Propósito de la medida cautelar
La suspensión busca impedir la repetición de estas presuntas conductas y garantizar el desarrollo adecuado del proceso disciplinario, permitiendo la recolección de pruebas sin interferencias. La investigación de la Procuraduría indaga más a fondo las conexiones de los involucrados con las disidencias de las Farc, enfocándose en cómo estas acciones podrían haber comprometido la seguridad nacional y las operaciones de la Fuerza Pública.
Este caso resalta las tensiones en el ámbito de la inteligencia y el mando militar en Colombia, donde las acusaciones de nexos con grupos armados ilegales continúan erosionando la confianza pública en las instituciones de seguridad. La Procuraduría mantiene el expediente abierto, con miras a determinar responsabilidades definitivas en las próximas etapas del proceso.
