Procuraduría refuerza vigilancia a contratos en empalme de Petro y De la Espriella

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La Procuraduría General de la Nación emitió una directriz para reforzar la vigilancia preventiva sobre la contratación de las entidades nacionales desconcentradas durante el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. La medida quedó formalizada mediante el Memorando No. 012, firmado por el viceprocurador general Julián Fernández, y está fechada el 24 de julio de 2026, a dos semanas de que concluya el actual mandato. El documento está dirigido a los procuradores regionales, provinciales y distritales, a quienes se les ordena incrementar las acciones de seguimiento sobre la actividad contractual de las entidades del orden nacional que operan a través de dependencias desconcentradas en las distintas regiones del país.

La decisión se adoptó en ejercicio de las funciones asignadas al viceprocurador general por el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, y busca garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, proteger el patrimonio público y asegurar la continuidad de los servicios del Estado durante la transición de gobierno. En particular, la Procuraduría ordenó a sus delegados regionales fortalecer la vigilancia preventiva sobre la contratación que se realice en esta etapa final de la administración Petro, con el objetivo de evitar posibles irregularidades que afecten el erario o comprometan la operación de las entidades públicas una vez asuma el nuevo gobierno.

Control preventivo en época de transición

El Memorando No. 012 establece que los procuradores regionales, provinciales y distritales deben reforzar el seguimiento a los procesos contractuales adelantados por las entidades nacionales desconcentradas, entendidas como aquellas que, pese a pertenecer al orden nacional, tienen presencia y ejecutan recursos en los territorios. La directriz se enmarca en la facultad preventiva del Ministerio Público y no implica necesariamente una suspensión de los procesos, sino un acompañamiento más riguroso para verificar que se respeten los principios de transparencia, economía y selección objetiva. La noticia se encuentra en desarrollo y se espera que en los próximos días las distintas procuradurías regionales reporten las acciones implementadas para dar cumplimiento a esta instrucción.

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