La Procuraduría General de la Nación reveló un informe que denuncia un deterioro progresivo en el sistema de salud colombiano y en la operación de varias Entidades Promotoras de Salud durante los últimos años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este documento, divulgado horas después de que la Corte Constitucional abriera un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo por incumplir la orden de reajustar la Unidad de Pago por Capitación, se basa en visitas administrativas realizadas a 18 EPS, de las cuales nueve han sido intervenidas, junto con análisis financieros e indicadores de acceso a servicios.
El informe destaca fallas estructurales agravadas por acciones u omisiones en la dirección, regulación e inspección del sector, lo que ha generado un aumento significativo de quejas, tutelas e incidentes de desacato. En particular, se analizan casos complejos como Nueva EPS, donde el costo de servicios pasó del 95% en 2022 al 121% en 2023, acumulando un patrimonio negativo superior a cuatro billones de pesos ese año, y Coosalud EPS, con una siniestralidad que escaló del 94% en 2022 al 115% proyectado para 2025 y pérdidas que superan el billón de pesos. Estas irregularidades incluyen prácticas bajo verificación como facturación a usuarios fallecidos, sobrecostos y dificultades en el acceso a medicamentos, lo que pone en riesgo la atención médica oportuna y ha empeorado la sostenibilidad financiera pese a las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud.
Cifras alarmantes y pérdida de capacidad de respuesta
El documento prevé más de 131.000 tutelas para 2025 y registra ya más de 33.000 incidentes de desacato, evidenciando tensiones institucionales por la financiación del sistema de salud nacional. La Procuraduría ha anunciado la apertura de investigaciones disciplinarias contra funcionarios involucrados en estas deficiencias.
“Deterioro progresivo”
Procuraduría General de la Nación, informe
Este deterioro se acompaña de una cifra alarmante de más de 131.000 tutelas previstas para 2025 y más de 33.000 incidentes de desacato, lo que demuestra la pérdida de capacidad de respuesta.
Procuraduría General de la Nación, informe
En medio de este panorama, el informe subraya la urgencia de corregir las intervenciones que han profundizado el colapso financiero y operativo de las EPS, alertando sobre el impacto directo en la población colombiana que depende de un sistema en crisis.
