La Procuraduría General de la Nación se sumó a la solicitud de la Fiscalía para que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y Sebastián Ortega sean enviados a prisión preventiva mientras avanza la investigación por el presunto desvío de 2.481 millones de pesos en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La petición fue respaldada durante una audiencia celebrada el lunes 28 de septiembre ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, donde el delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa, expuso durante media hora los argumentos que justifican la medida cautelar.
El caso, que involucra contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022 por un valor total de 17.656 millones de pesos, tiene a 11 personas implicadas, entre ellas el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio y el exgerente de los Bomberos Voluntarios de Itagüí Misael Cadavid. A Miguel Quintero se le imputaron los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que Sebastián Ortega enfrenta cargos por peculado por apropiación. La Fiscalía y la representación de víctimas, encabezada por Mayer Abushihab, han señalado que existe un riesgo latente de obstrucción a la justicia, intimidación a testigos y posible fuga de los procesados.
Los argumentos de la Procuraduría y la defensa
En un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación explicó que su delegado «justificó la necesidad de restringir la libertad basándose en el riesgo de obstrucción a la justicia, la posible intimidación a testigos y la probabilidad de no comparecencia al proceso». El ente de control agregó que, tras verificar que las medidas menos invasivas resultan insuficientes para proteger los fines constitucionales, respaldó la petición para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación. Durante la audiencia, Mayer Abushihab, representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, afirmó que «ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente», al referirse a la necesidad de la medida de aseguramiento.
«Se justificó la necesidad de restringir la libertad basándose en el riesgo de obstrucción a la justicia, la posible intimidación a testigos y la probabilidad de no comparecencia al proceso. Tras verificar que las medidas menos invasivas resultan insuficientes para proteger los fines constitucionales, el delegado respaldó la petición para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación».
Procuraduría General de la Nación, comunicado oficial
La defensa de Miguel Quintero, liderada por el abogado Santiago Trespalacios, controvirtió durante cinco horas los argumentos sobre los riesgos de obstrucción y fuga. Trespalacios aseguró que su cliente no ha salido del país en casi un año, que ya no tiene influencia en las instituciones y que las visitas al exgerente de los bomberos Misael Cadavid, las presiones a sus familiares, las publicaciones en medios y los mensajes de Daniel Quintero y Esteban Restrepo no forman parte de una estrategia ordenada por su defendido. La defensa también solicitó excluir pruebas recaudadas desde noviembre pasado, como minutas de visitas a la cárcel e informes migratorios, argumentando que no fueron convocados a las audiencias de control posterior que validaron su obtención.
La investigación, que también abarca presuntas irregularidades en entidades como Metroparques, Inder y EDU durante la administración de Daniel Quintero, ha revelado que Misael Cadavid y otra testigo habrían recibido presiones, incluyendo visitas de abogados en la cárcel, intentos de desacreditación y presión familiar para que no colaboraran con la justicia. Además de Quintero y Ortega, se investiga al entonces subdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, Álvaro Villada, y a la exasesora jurídica Vanesa Álvarez por presunto interés indebido en contratos. La Fiscalía 40 anticorrupción continúa recopilando elementos probatorios mientras el juzgado evalúa la solicitud de prisión preventiva para los dos procesados.
