La Procuraduría General de la Nación solicitó este 2 de enero de 2026 al Ministerio del Interior la designación de un alcalde ad hoc para Pereira, en Risaralda, tras aceptar los impedimentos presentados por el actual mandatario, Mauricio Salazar Peláez. Esta medida se toma en medio de una investigación disciplinaria iniciada en diciembre de 2025 por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, que determinó una restricción al alcalde por presunta participación indebida en la campaña electoral de su esposa, María Irma Noreña, precandidata al Senado, de cara a las elecciones legislativas al Congreso para el período 2026-2030.
Las denuncias, impulsadas por la congresista por Risaralda Carolina Giraldo Botero, señalan presiones sobre contratistas y funcionarios municipales para recolectar datos de posibles votantes y distribuir material de campaña de Noreña, incluso utilizando chalecos con el logo de la Alcaldía de Pereira. Como parte de estas acusaciones, se menciona el constreñimiento al elector y el uso indebido del poder público, lo que motivó el reconocimiento de impedimentos por parte de Salazar Peláez y la formalización de la restricción por la Procuraduría Regional, impidiéndole participar, deliberar o decidir en asuntos del Comité de Seguimiento Electoral del municipio, así como intervenir en trámites administrativos relacionados directa o indirectamente con las elecciones.
Denuncias de presiones a contratistas
Un contratista anónimo reveló detalles de las supuestas coacciones, describiendo una reunión obligatoria a la que fue citado hace dos semanas, donde se verificaba asistencia y, una vez en el auditorio, María Irma Noreña les solicitó apoyo explícito para su campaña. Según el testimonio, se les exigió entregar listas con el teléfono, cédula y dirección de 60 personas cada uno, junto con volantes de propaganda de Noreña y de Franyela. Estas acciones forman parte de la investigación para determinar si hubo falta disciplinaria por el uso indebido de la estructura municipal, con el nombramiento del alcalde ad hoc como medida preventiva durante la revisión.
“Hace dos semanas me citaron a una supuesta reunión obligatoria. (…) Cuando llegué, había personas pasando lista verificando quiénes sí habían ido. Después entré al auditorio y allá estaba María Irma y nos dijo que necesitaba que todos estuviéramos con ella en su campaña”
Contratista anónimo
“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el burgomaestre no podrá participar, deliberar o decidir sobre asuntos que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio”
Comunicado de la Procuraduría General de la Nación
“Salazar Peláez tampoco está habilitado para intervenir en ninguno de los trámites administrativos que guarden relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso 2026-2030”
Comunicado de la Procuraduría General de la Nación
Por su parte, la Alcaldía de Pereira ha negado cualquier tipo de presiones sobre contratistas o funcionarios, mientras la Procuraduría busca garantizar la imparcialidad y evitar conflictos de interés en el proceso electoral. Esta situación genera expectativa en Risaralda sobre el desarrollo de la investigación y la designación del alcalde temporal, en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos en campañas políticas.
