La Procuraduría General de la Nación impuso una suspensión provisional de tres meses a cuatro altos funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali por presunto desacato a una orden judicial de tutela que exigía el reasentamiento inmediato de la comunidad étnica de Playa Renaciente, ubicada en una zona de alto riesgo sobre el jarillón del río Cauca. Los sancionados son Breayner Ricardo Peñuela Munevar, secretario de Gestión del Riesgo; María del Mar Mozo Muriel, secretaria de Vivienda Social y Hábitat; Nicolás Suárez Vallejo, subsecretario de Manejo de Desastres; y Diego Andrés Giraldo Arboleda, director del Departamento Administrativo de Planeación. La medida, de efecto inmediato, se enmarca en una investigación disciplinaria preventiva abierta por la omisión en el traslado de esta población vulnerable, lo que generó desprotección para los habitantes y afectó las obras de mitigación de inundaciones en la ciudad.
La decisión de la Procuraduría busca evitar posibles interferencias o la reiteración de conductas similares durante el desarrollo de la indagación, que indaga en fallas administrativas como la falta de gestión para disponer de suelos adecuados y una parálisis normativa que impidió cumplir con el fallo de tutela, emitido para proteger los derechos fundamentales de la comunidad étnica Playa Renaciente. Esta omisión no solo dejó expuesta a la población en una zona propensa a desbordamientos del río Cauca, sino que también paralizó avances en el reforzamiento del jarillón, esencial para prevenir inundaciones en Cali.
Impacto en la planificación y emergencias de Cali
La suspensión afecta directamente áreas clave como la planificación territorial, la provisión de vivienda y la atención de emergencias en la Alcaldía de Cali, donde estos funcionarios jugaban roles centrales en la toma de decisiones. El proceso disciplinario continuará su curso, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades por el incumplimiento que puso en riesgo vidas y obras públicas vitales. La información fue obtenida por la Revista Semana directamente de la Procuraduría General de la Nación, destacando la gravedad de las irregularidades detectadas en la gestión local frente a amenazas hidráulicas recurrentes en la región.
Este caso resalta las tensiones entre la protección de comunidades vulnerables y las prioridades en infraestructura de riesgo, en un contexto donde Cali enfrenta constantes desafíos por el río Cauca, y subraya la vigilancia estricta de las entidades de control sobre el cumplimiento de órdenes judiciales en materia de derechos humanos y prevención de desastres.
