La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a cuatro funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por extralimitarse durante una visita de inspección realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil los días 12 y 13 de marzo de 2024 en Colombia. Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, junto con Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso, fueron hallados responsables de acceder y extraer información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales sin relación alguna con el objeto de la inspección administrativa, mediante la obtención de espejos forenses y copias de seguridad de datos, lo que excedió claramente los límites legales establecidos.
Estas acciones, calificadas como faltas graves disciplinarias por vulnerar los límites legales, involucraron irregularidades con funcionarios de la Registraduría en áreas administrativas y operativas, reviviendo una controversia institucional entre ambas entidades y estableciendo un precedente importante sobre los alcances de las inspecciones administrativas y la protección de la información personal e institucional.
Sanciones específicas impuestas por la Procuraduría
Francisco Melo Rodríguez recibió la sanción más severa: una suspensión e inhabilidad por 12 meses a título de dolo por falta grave. Por su parte, Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso fueron suspendidos e inhabilitados por 9 meses cada uno, mientras que varios de estos funcionarios enfrentan además una inhabilidad para contratar con el Estado por 5 años.
«Ratificamos que el ejercicio de nuestras funciones siempre ha estado fundado en el marco legal y constitucional.»
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio
Esta decisión disciplinaria no solo corrige las irregularidades cometidas durante la visita de la SIC a la Registraduría, sino que refuerza los controles sobre el manejo de datos sensibles en procedimientos administrativos, subrayando la necesidad de respetar estrictamente el marco legal para evitar vulneraciones a la privacidad y los derechos institucionales.
