La Procuraduría General de la Nación impuso una suspensión provisional por tres meses al gerente general de Emcali, Roger Mina Carbonero, y al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios de la empresa, José David Insuasti Avendaño, como medida cautelar en una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de vinculación de un aliado estratégico para la modernización del alumbrado público en Cali, Valle del Cauca. La decisión, que entra en vigencia a partir del lunes 29 de diciembre de 2025, busca evitar la reincidencia en faltas disciplinarias y cualquier influencia en el desarrollo de la indagación, según el Ministerio Público.
La investigación se centra en la fase dos de la modernización del alumbrado público, un proyecto que contempla un contrato proyectado por 20 años con una cuantía aún no definida, relacionado específicamente con el número 500-CCT-3176-2025 otorgado a Moreno Servicios Legales S.A.S. Esta medida responde a requerimientos previos de la Procuraduría, enviados el 5 de diciembre de 2025, ante la falta de información y transparencia en el proceso, incluyendo la ausencia de cronogramas, exigencias financieras sin respaldo documental, la aplicación de un manual interno que excluyó alianzas estratégicas y la no publicación en Secop II de la etapa precontractual.
Irregularidades detectadas por la Procuraduría
Entre las vulneraciones señaladas por el Ministerio Público destacan la falta de publicidad en el proceso, la ausencia de un procedimiento de selección adecuado y una notable opacidad que impide conocer los actos de la etapa de planeación. En un comunicado oficial, la Procuraduría enfatizó que resulta imposible, como para cualquier ciudadano, conocer cuáles son los actos que hacen parte de la etapa de planeación, si en ningún documento se indica lo pertinente. Además, agregaron que esta situación no constituye solamente una posible violación a esa norma interna, sino a los principios de la función administrativa y otros principios de rango constitucional como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso.
«resulta imposible, como para cualquier ciudadano, conocer cuáles son los actos que hacen parte de la etapa de planeación, si en ningún documento se indica lo pertinente».
Procuraduría General de la Nación
«No constituye solamente una posible violación a esa norma interna, sino a los principios de la función administrativa y otros principios de rango constitucional como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso».
Procuraduría General de la Nación
Respuesta de Emcali y continuidad operativa
Emcali, por su parte, aclaró que no existe ningún contrato en curso ni adjudicado en este momento, ya que el proceso se encuentra en etapa de análisis y planeación, y que ha atendido todas las observaciones de la Procuraduría. La empresa aseguró que continuará atendiendo de manera estricta las recomendaciones y requerimientos de los órganos de control, garantizando la continuidad institucional, operativa y administrativa de la compañía. Esta suspensión también impide la participación de los directivos en nuevos procesos contractuales, lo que podría repercutir en la prestación de servicios públicos en Cali durante el período de investigación.
El caso subraya la importancia de la transparencia en los procesos de contratación pública, especialmente en proyectos de infraestructura clave como la modernización del alumbrado, y pone en el foco las responsabilidades de los altos directivos de entidades prestadoras de servicios en el Valle del Cauca.
