Procuraduría suspende provisionalmente a general Huertas y Wílmar Mejía por chats de alias Calarcá

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La Fiscalía General de la Nación reveló este 27 de noviembre de 2025 una gran cantidad de información financiera relacionada con el Frente 36 de las Farc, extraída de archivos incautados a alias ‘Calarcá’, cabecilla de disidencias de ese grupo armado, mientras que la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional e inmediata de los generales Juan Miguel Huertas y Wílmar Mejía, este último funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DNI). Estas medidas se producen en medio de una investigación por posibles vínculos entre jefes de las disidencias y altos funcionarios estatales, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro el pasado 25 de noviembre sobre su disposición a tomar decisiones basadas en pruebas forenses.

Los hallazgos surgieron de un examen informático forense realizado por la Fiscalía, que identificó datos clave en chats de alias ‘Calarcá’ y sus asociados, los cuales mencionan presuntos nexos con el general Huertas y Wílmar Mejía. La pesquisa, asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, cuenta con el apoyo de un equipo especial que incluye a la Delegada para la Criminalidad Organizada y la Delegada para las Finanzas Criminales, abriendo líneas de indagación en criminalidad organizada y finanzas ilícitas para esclarecer una posible infiltración en el Ejército y organismos de inteligencia.

Suspenden provisionalmente a altos funcionarios salpicados en escándalo de alias Calarcá

La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, detalló los avances tras un Consejo de Ministros liderado por el presidente Petro, destacando la relevancia de las pruebas recién llegadas que impulsaron las acciones de la Procuraduría.

“Tengo para comentarles que la investigación fue asignada a la Fiscalía delegada ante la Corte y conformamos un equipo de trabajo de la Delegada para la Criminalidad Organizada, para apoyar las líneas de investigación que se mencionan en nuestro comunicado”

Luz Adriana Camargo, Fiscal General

Camargo enfatizó el volumen de información financiera descubierta, lo que derivó en una nueva rama investigativa respaldada por expertos en finanzas criminales.

“Hemos encontrado una gran cantidad de información de carácter financiero que tiene que ver con el Frente 36 de las Farc, de manera que vamos a abrir también una línea de investigación financiera que viene o va a ser apoyada por la Delegada para las finanzas criminales”

Luz Adriana Camargo, Fiscal General

Por su parte, el Procurador General, Gregorio Eljach, confirmó la suspensión provisional de los implicados, aclarando que esta medida no declara responsabilidad alguna, sino que busca preservar la integridad del proceso.

“Hace un minuto, el procurador delegado para estos asuntos tomó una determinación que estábamos esperando. Faltaban unas pruebas, ya llegaron. Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Mejía y al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato, y se produjo ya el efecto para continuar la investigación. No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante”

Gregorio Eljach, Procurador General

“evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que, estando en el cargo, vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces, se ordena la suspensión provisional”

Gregorio Eljach, Procurador General

El presidente Petro, por su lado, reiteró su compromiso con la verdad antes de actuar, en un contexto donde estas revelaciones protegen la seguridad nacional y evitan interferencias, sin prejuzgar la culpabilidad de los suspendidos.

“Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”

Gustavo Petro, Presidente de la República

La investigación continúa en Colombia, con el objetivo de desentrañar cualquier infiltración en instituciones estatales y garantizar la transparencia en un caso que sacude a las Fuerzas Armadas.

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