La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un seguimiento preventivo al proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que busca modificar el cálculo del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) al cambiarlo de salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) a un valor fijo en pesos colombianos. Esta medida, que establece un tope máximo general de 135 Smmlv, ha generado preocupación por sus posibles impactos en miles de familias colombianas involucradas en procesos de compraventa de viviendas VIS.
En un oficio dirigido al Ministerio de Vivienda, la Procuraduría solicitó información técnica detallada para analizar los riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales que podría implicar el cambio. Como parte de estas acciones preventivas, se convocó a una mesa técnica interinstitucional programada para el 28 de enero, con el objetivo de evaluar los efectos en proyectos VIS en curso, promesas de compraventa y esquemas fiduciarios, garantizando la protección de las familias compradoras.
Riesgos en proyectos en ejecución y necesidad de transición
El proyecto de decreto, ya publicado para comentarios por el Ministerio de Vivienda, pretende armonizar el tope VIS en 135 Smmlv y fijar los precios en pesos colombianos desde el inicio del proceso, evitando incrementos automáticos por indexación al salario mínimo. Sin embargo, la Procuraduría advierte sobre posibles confusiones o afectaciones a miles de familias que ya separaron una vivienda o firmaron promesas de compraventa, destacando la necesidad de un régimen de transición claro y una articulación adecuada con subsidios y mecanismos de financiación. Además, se enfatiza que cualquier ajuste posterior estaría limitado a variaciones en los costos de construcción, respetando lo inicialmente pactado para preservar la confianza en el mercado VIS.
“La PGN, en el marco de sus acciones preventivas y en atención al impacto social, económico y contractual que la medida pueda generar, envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio requiriendo información técnica que permita fortalecer la acción preventiva”
Procuraduría General de la Nación
“El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Este debate pone en el centro la estructura del mercado de Vivienda de Interés Social y la confianza de los compradores, en un contexto donde la Procuraduría busca fortalecer sus acciones preventivas para mitigar cualquier perjuicio a las familias colombianas, mientras el Ministerio defiende la medida como una protección frente a incrementos imprevistos.
