La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación iniciaron investigaciones disciplinarias y penales contra la Empresa Municipal de Cali (Emcali) por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con el alumbrado público en esa ciudad. La denuncia fue presentada por Luis Miguel Marimón Reyes, vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, quien señaló a altos funcionarios como el gerente general Roger Mina, la secretaria general Guadalupe Guerrero, la gerente de abastecimiento y presidenta del Comité Único Asesor Lesly Yahel Gil Sosa, el gerente financiero Wilmer Forero Girón, así como a otros miembros del comité y a la contratista Moreno Servicios Legales S.A.S. Las acusaciones incluyen direccionamiento de contratos, falta de transparencia y violaciones a las normas de contratación pública.
El caso se centra en el contrato adjudicado con una oferta de 2.800 millones de pesos bajo el número 500-CCT-3176-2025, firmado el 23 de julio de 2025 y que finalizó el 22 de septiembre de ese año, en el marco de un proceso mayor de modernización de alumbrado público que podría superar los 500.000 millones de pesos. La Procuraduría emitió un informe el 28 de noviembre de 2025 alertando sobre inconsistencias, lo que llevó a la suspensión temporal del proceso el día siguiente, el 29 de noviembre. Estas acciones surgieron tras denuncias formales presentadas como queja disciplinaria ante la Procuraduría y denuncia penal ante la Fiscalía, motivadas por la omisión de advertencias previas de la entidad vigilante, así como por la falta de requisitos y controles internos obligatorios.
Irregularidades que generan alarma en el sector público
Entre las faltas detectadas destacan requisitos habilitantes diseñados a medida para favorecer a ciertos oferentes, la ausencia de un Plan Maestro de Alumbrado Público y de un Estudio Técnico de Referencia, la omisión de la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) y la desatención al manual de contratación de Emcali. Estos elementos, según el denunciante, configuran posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado, poniendo en riesgo el patrimonio público de Cali y afectando la confianza en la gestión de recursos para infraestructura urbana esencial.
Marimón Reyes ha solicitado la apertura inmediata de las investigaciones, la imposición de medidas cautelares, así como la protección para denunciantes y testigos involucrados. Este escándalo resalta la importancia de la vigilancia ciudadana en procesos de contratación millonarios, especialmente en un contexto donde Emcali enfrenta antecedentes de advertencias preventivas por inconsistencias en la estructuración de licitaciones, lo que podría derivar en sanciones severas y reestructuraciones en la entidad para evitar futuros desmanes.
