El profesor Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cuestionó el proyecto de estatuto antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella al advertir que incluye un «mico» en el aumento de penas por delitos de drogas, que a su juicio criminaliza el consumo sin exigir nexos con el terrorismo. A través de un hilo en la red social X, el académico analizó los artículos del proyecto y señaló que un parágrafo al artículo 376 del Código Penal permite agravar las penas entre una tercera parte y la mitad para conductas de tráfico o porte cuando se argumente que benefician a organizaciones listadas o ponen en riesgo la vida, la salud o el ambiente, sin necesidad de probar vínculo terrorista alguno.
La iniciativa hace parte del paquete de seguridad que el Ejecutivo planea llevar al Congreso junto con una ley de sometimiento, radicada el pasado 13 de octubre. Dicha ley contempla 22 artículos y ofrece rebajas de pena de hasta el 50% para integrantes sin mando y hasta el 30% para líderes, condicionadas a la entrega de armas, bienes, información, verdad, reparación y desmantelamiento de economías ilícitas. El proyecto define además una categoría común de «actores armados ilegales o terroristas» que incluye tanto a organizaciones con control territorial como a redes criminales.
Un parágrafo que amplía la agravante
En su análisis, Weintraub explicó que la redacción del parágrafo cuestionado es tan amplia que casi cualquier conducta de tráfico o porte puede ser considerada peligrosa para la salud. «Casi cualquier conducta de tráfico o porte puede argumentarse como peligro para la salud», escribió el director del Cesed, quien subrayó que, en la práctica, la norma «efectivamente criminaliza el consumo». El proyecto también establece penas de entre 13 y 22 años para el apoyo material a organizaciones terroristas, lo que, sumado a la agravante, refuerza el enfoque punitivista. El académico recordó que la iniciativa cita la Sentencia T-762 de 2015, que recomienda una política criminal basada en evidencia, pero propone elevar las penas mientras el sistema penitenciario colombiano se encuentra en estado de cosas inconstitucional.
«Casi cualquier conducta de tráfico o porte puede argumentarse como peligro para la salud»
Michael Weintraub, director del Cesed
Además del aumento de penas, el profesor criticó otros apartados del estatuto. Las definiciones de terrorismo podrían incluir a quienes actúan bajo coacción, como ocurre en las zonas rurales controladas por grupos armados: «En una vereda gobernada por un grupo armado, quien le pasa información bajo amenaza cabe en esa definición». También advirtió sobre el registro público de personas vinculadas a organizaciones listadas, que podría exponer a quienes aparezcan allí a represalias, y sobre la suspensión administrativa de personas jurídicas, que podría alcanzar a juntas de acción comunal, consejos comunitarios y cooperativas.
A pesar de las críticas, Weintraub destacó algunos aspectos positivos del proyecto, como los mecanismos de trazabilidad de minerales para combatir el lavado de oro, que incluyen comprobantes digitales por lote, guías electrónicas y cruces de volumen. El académico insistió en que el objetivo debe ser incentivar la desmovilización, no desestimularla: «Queremos incentivar que la gente salga de las filas, no lo contrario». En ese sentido, el aumento desproporcionado de penas por delitos de drogas podría ser contraproducente para los fines mismos de la política de sometimiento.
