Un profesor y académico especializado en derecho internacional, Juan Carlos Portilla, presentó ante la División Criminal Anti-Soborno Transnacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos una denuncia formal por presuntas conductas corruptas vinculadas al contrato de defensa entre Colombia y Suecia para la compra de 17 aeronaves Gripen E/F. En el escrito, Portilla solicita la evaluación del acuerdo y la revisión de registros bancarios y documentos corporativos dentro de una cooperación internacional para la investigación. La firma del contrato se remonta al 14 de noviembre de 2025 en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, y la denuncia señala posibles beneficios para funcionarios del gobierno colombiano y allegados, incluida Verónica Socorro Alcocer García, esposa del presidente Gustavo Petro, señalada en las listas OFAC SDN.
La denuncia fue radicada ante la unidad de fiscales especializados ante soborno extranjero de la DOJ y se apoya en información difundida por diversos medios. Además de la solicitud de evaluación del contrato, se busca la obtención de registros bancarios y documentos corporativos, con la finalidad de confirmar si la empresa filial estadounidense forma parte de la estructura contractual y qué roles podrían haber desempeñado los actores involucrados. El documento también señala la necesidad de una coordinación con autoridades suecas, con la autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el lavado de dinero y con autoridades colombianas, con la posible intervención de organismos como OFAC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para intercambio de información y, en su caso, sanciones.
Contexto y alcance internacional
Entre los antecedentes se detalla un acuerdo entre Colombia y Suecia para la adquisición de 17 Gripen E/F, financiado mediante un crédito de Saab en relación con la Presidencia. El análisis señala que el esquema guarda similitudes con la operación utilizada en Brasil en 2016, cuando Saab y su filial estadounidense estuvieron involucrados en una transacción de defensa. La noticia adquiere mayor peso ante la noticia de que la denuncia llega cuando aumenta la atención sobre la vida de lujo de Verónica Alcocer durante estancias en Suecia y se advierte de una compleja estructura corporativa vinculada a la transacción. Además, se apunta que en 2024 el DOJ ya inició una investigación sobre el contrato brasileño para los mismos aeronaves, lo que añade un marco de precedentes y posibles vías de cooperación internacional.
“El profesor y experto anti crimen financiero transnacional, Juan Carlos Portilla, ha remitido a la División Criminal Anti-Soborno Transnacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (ente federal de investigación criminal) una denuncia criminal para que evalúe e inicie, según corresponda, una investigación bajo la Ley Federal contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) por presuntas conductas corruptas vinculadas al contrato Gripen E/F con Saab AB suscrito con el gobierno del presidente Gustavo Petro y posibles beneficios a funcionarios del gobierno de Colombia y allegados, incluida Verónica Socorro Alcocer García, señalada en listas OFAC SDN”, se lee en el documento.
“Es por eso que hemos solicitado y radicado una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la unidad de fiscales especializados ante soborno extranjero, para que haga la investigación y saber si la empresa filial americana estaría también en la estructura corporativa en el contrato con Colombia”, declaró el educador.
Aun con la formalidad de la denuncia, el caso podría abrir una vía de colaboración entre Estados Unidos, Suecia, la Unión Europea y Colombia para revisar libros contables, acuerdos y registros bancarios, con posibles intercambios de información y la posibilidad de adoptar sanciones si se confirman irregularidades. Las implicaciones de estas investigaciones podrían alcanzar desde la revisión de toda la cadena de suministro y financiamiento hasta la revisión de roles y beneficios para funcionarios y allegados en diferentes jurisdicciones, con un impacto directo en la transparencia del proceso y en la reputación de las instituciones involucradas.
