En una protesta que paralizó el centro de Fusagasugá, la comerciante Lilian Martínez se encadenó este miércoles 29 de julio a la puerta de su propio local comercial para exigir el pago de una multimillonaria deuda de arriendo. La acción de fuerza tuvo lugar en la carrera Séptima con calle Novena, donde la propietaria denunció que su inquilina, dueña de un restaurante, acumula una mora superior a 50 millones de pesos y se ha negado sistemáticamente a pagar, desocupar el inmueble o entablar una negociación.
Martínez, visiblemente consternada, aseguró que durante aproximadamente un año intentó resolver el conflicto a través del diálogo y la conciliación, sin obtener respuesta alguna por parte de la arrendataria. “He agotado todas las vías civilizadas, pero la deudora no muestra la más mínima intención de solucionar la situación”, expresó la mujer mientras permanecía atada con cadenas a la entrada del establecimiento. La protesta, que se extendió por varias horas en plena vía pública, buscó justamente generar presión para recuperar el dinero adeudado o, en su defecto, retomar la posesión del local.
Una crisis que escaló a la acción directa
La situación evidencia el drama que viven muchos pequeños propietarios de locales comerciales en la región, quienes, ante la falta de garantías contractuales efectivas y la demora de los procesos legales, recurren a medidas desesperadas. Lilian Martínez declaró que solo abandonará su puesto cuando reciba el pago total de la deuda o cuando la inquilina desocupe definitivamente el espacio, que funciona como restaurante. Mientras tanto, el céntrico cruce de Fusagasugá se convirtió en escenario de una protesta que visibiliza la vulnerabilidad de los arrendadores frente a inquilinos que no honran sus compromisos económicos.
El caso ha generado reacciones encontradas entre los transeúntes y comerciantes de la zona, quienes observaron con desconcierto a la mujer encadenada durante la jornada del miércoles. Vecinos del sector señalan que la problemática lleva meses agravándose, y que la propietaria, luego de múltiples intentos de conciliación fallidos, tomó una decisión radical como último recurso para hacer valer sus derechos sobre el inmueble.
