La propuesta oficial del Gobierno de Colombia para 2026 eleva el salario mínimo a 1.800.000 pesos, cifra que ya incluye el auxilio de transporte, y se acompaña de incentivos para las empresas, con especial énfasis en las Pyme, al tiempo que se anunció la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para fijar el porcentaje final tras un proceso de negociación institucional. La iniciativa busca, según el Ejecutivo, aumentar el poder adquisitivo sin desbordar la inflación ni afectar negativamente el empleo, y se fundamenta en variables definidas por la Constitución y la ley, como la inflación actual y esperada y la productividad, que serán analizadas en paralelo con datos de fuentes como el Dane, Hacienda, Banco de la República y el Ministerio del Trabajo.
Los protagonistas de la propuesta son el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti y los ministros de Trabajo Antonio Sanguino, junto con Fabio Arias, quien preside la Central Unitaria de Trabajadores. El Gobierno informó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se instalará el 1 de diciembre de 2025 para comenzar a fijar el porcentaje definitivo de aumento y para estructurar la estrategia de incentivos que acompañen el incremento, con atención especial a las Pyme. La propuesta se apoya en la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores que hoy 3,7 millones de personas ganan un salario mínimo al mes, mientras el salario mínimo vigente es de 1.423.500 pesos; la propuesta para 2026 prevé un salto significativo que rondaría el 26% y estará acompañado de incentivos que cubrirán entre el 30% y el 35% del salario mínimo para la incorporación al mercado laboral o la creación de empleo, en el marco de la política de subsidios tributarios y del programa Empleos para la Vida, que ha entregado cerca de 500.000 millones de pesos en incentivos durante los últimos dos años. Además, se destaca que Empleos para la Vida ha promovido protección social para cerca de 500.000 trabajadoras domésticas y 400.000 trabajadores de plataformas digitales.
El salario mínimo de 2026 y la ruta de incentivos para la formalización
En la definición de la ruta institucional, la comisión discutirá la forma de fijar el porcentaje definitivo mediante decreto de elevación y negociación institucional, siempre sustentada en las variables que la Constitución y la ley señalan: inflación causada, inflación esperada e índice de productividad, con datos que provienen de diversas fuentes como el Dane, Hacienda, el Banco de la República y el propio Ministerio del Trabajo. No habrá proyecciones hasta que las cifras sean comparadas y analizadas en la instalación de la Comisión de Concertación el próximo 1 de diciembre, según explicó Antonio Sanguino. El énfasis está en que el incremento del salario mínimo no solo represente una subida porcentual, sino que se traduzca en un aumento real de los ingresos o de la masa salarial, de cara a mantener un equilibrio entre poder adquisitivo y estabilidad macroeconómica.
«el último año de su administración habrá un ‘buen decreto de elevación del salario mínimo’.» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
La propuesta sindical, por su parte, señala que el objetivo de la negociación es lograr un aumento mínimo del 10% para el salario mínimo, mientras el Gobierno subraya que los incentivos que acompañarán el incremento cubrirán entre el 30% y el 35% del salario mínimo para facilitar la incorporación al mercado laboral o la creación de nuevos empleos, con especial foco en jóvenes, mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad. En este marco, el programa Empleos para la Vida ha entregado incentivos por cerca de 500.000 millones de pesos en los últimos dos años y se sostiene la apuesta por ampliar la protección social a trabajadoras domésticas y a plataformas digitales, con proyecciones de cobertura para unas 500.000 empleos en el caso de las trabajadoras domésticas y 400.000 para plataformas digitales.
Este anuncio llega en un momento clave de la discusión económica, ya que busca aumentar de manera real los ingresos de la población trabajadora y, al mismo tiempo, fortalecer la formalización laboral a través de incentivos y subsidios. La instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el 1 de diciembre de 2025 marca el inicio de un proceso que deberá definir el porcentaje definitivo y el diseño de las medidas de apoyo a las empresas para mitigar posibles impactos en la inflación y en el empleo, manteniendo el foco en la protección social, especialmente para quienes laboran en condiciones informales o con modalidades de trabajo no tradicionales.
