El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó una propuesta de retención en la fuente del 1,5% sobre operaciones realizadas a través de plataformas y billeteras digitales, una medida que ha generado críticas y que se abre a consulta pública mediante el decreto 1066 de 2025. En medio de la discusión, Claudia López, precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, rechazó la iniciativa, mientras la DIAN explicó que la finalidad es alinear el tratamiento tributario de los pagos electrónicos con los pagos realizados con tarjetas. En el marco de este debate, Bre-B, una plataforma pública de transferencia, aparece como referencia con una adopción destacada: 32 millones de colombianos inscritos y su operación que arrancó en octubre de 2025. El plazo para recibir comentarios sobre el decreto permanece abierto hasta el 25 de octubre de 2025.
La medida contempla que la retención sea recaudada por los prestadores de servicios o vendedores de bienes cuando reciben pagos a través de plataformas y billeteras digitales, y no cuando la persona que efectúa el pago es quien recibe el servicio o el bien. Se contemplan exclusiones para contribuyentes del régimen simple y para personas naturales no responsables del IVA. Además, el Decreto 1066 de 2025 faculta a la DIAN a compartir información del Registro Único Tributario con los agentes de retención; cuando un pago se realice a estos contribuyentes, los agentes deberán abstenerse de aplicar la retención. El proyecto, en su objetivo, no busca imponer un nuevo impuesto, sino ajustar la retención en la fuente ya existente para equiparar el tratamiento entre pagos con tarjetas y pagos electrónicos.
Consulta pública, alcance y reacciones
Antecedentes: el debate sobre un posible gravamen a transferencias electrónicas gratuitas se reactivó con la iniciativa de regular los pagos digitales y equiparar su tratamiento tributario con el de las transacciones con tarjetas. Bre-B se presenta como una plataforma pública y gratuita que ha ganado relevancia en el ecosistema financiero, con 32 millones de colombianos inscritos y que inició operaciones en octubre de 2025. La noticia llega en un momento en que el gobierno ha abierto un proceso de consulta pública para el decreto, cuyo periodo de comentarios se mantiene vigente hasta el 25 de octubre de 2025, con la expectativa de que el público, comerciantes y plataformas aporten dudas, inquietudes y posibles alternativas regulatorias. Se espera que las medidas incluyan exenciones para ciertos contribuyentes y salvaguardas para evitar retenciones indebidas en pagos a determinados sujetos.
«Apareció la Dian a joder. Está proponiendo ponerle un impuesto del 15X1.000 a las transferencias de plata que hoy son gratuitas en Daviplata, Nequi o Bre-B. Señores de la Dian, dejen de joder a la gente, por favor» – Claudia López
«Van a tener que tener contador, contabilidad, declaración de impuestos. No jodan a la gente» – Claudia López
«Más bien quiten el impuesto de retención en la fuente pa’ todo: las tarjetas de crédito, para las débito, para Nequi, para Daviplata y para Bre-B. No jodan» – Claudia López
«Este proyecto de decreto está para comentarios del público en general. Queremos conocer cuáles son las dudas e inquietudes y los comentarios y las alternativas de regulación que el público puede tener a esta iniciativa. Todos los comentarios que efectúen serán tenidos en cuenta por los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Dian al momento de definir la suerte de esta iniciativa» – Gustavo Alfredo Peralta, director de Gestión Jurídica de la DIAN
En resumen, el gobierno sostiene que la medida busca una mayor cohesión en el tratamiento tributario de las transacciones digitales, sin crear un nuevo impuesto, y que la consulta pública servirá para recoger aportes y aclarar dudas antes de definir un eventual decreto final. Si la propuesta avanza, millones de comerciantes y prestadores de servicios que operan a través de plataformas y billeteras digitales podrían verse afectados por una retención que ahora asciende al 1,5%, con exenciones para ciertos contribuyentes y reglas específicas para el intercambio de información entre la DIAN y los agentes de retención. La discusión continúa mientras se esperan respuestas y posibles ajustes durante el proceso de consulta, cuyo cierre está fijado para finales de octubre de 2025.
