La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (Bogotá) presentó un informe que propone cinco medidas concretas para acelerar la reducción de la inflación en Colombia, en un contexto marcado por el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026 y una inflación anual que en junio alcanzó el 6,14%, su nivel más alto desde julio de 2024. La decana de la facultad, Lorena Gutiérrez, explicó que el documento incluye ajustes a los mecanismos de indexación, política fiscal, oferta de alimentos, precios regulados y credibilidad gubernamental, con el objetivo de llevar la inflación desde ese 6,14% hacia niveles más cercanos a la meta del Banco de la República.
El informe se difunde mientras Colombia acumula seis años sin alcanzar la meta de inflación, y cuando el Banco de la República mantiene una tasa de interés del 12%, que según Gutiérrez tiene efectos limitados sobre factores estructurales. “La tasa de interés no perdió su capacidad de combatir la inflación, pero está trabajando con una mano atada. Lo que no puede hacer es reescribir contratos de arrendamiento, ampliar la oferta de gas, reparar vías rurales o corregir el déficit público”, afirmó la decana. Además, alertó sobre la contradicción entre la política monetaria contractiva y la expansiva fiscal: “La imagen más clara es la de dos conductores pisando pedales opuestos: el Banco de la República frena mediante una tasa de 12%, mientras el déficit fiscal mantiene acelerada parte de la demanda agregada”.
Los cinco frentes para frenar la inflación
La primera recomendación del informe apunta a frenar los aumentos automáticos indexados al IPC o al salario mínimo en arriendos, matrículas y contratos. La Ley 820 permite reajustar arriendos hasta el IPC del año anterior, pero no obliga al incremento completo, y una simulación de ajuste gradual en la indexación podría restar entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales a la inflación de 2027. La segunda medida es un ajuste fiscal equivalente a entre el 1,5% y el 2% del PIB a partir de 2027, completado en 2028-2029, para reducir el déficit fiscal estimado en 6,7% del PIB para 2026 (según el Carf) y una deuda neta que alcanzaría el 60,3% del PIB. La tercera propuesta busca reducir la presión sobre los alimentos desde la oferta: aranceles temporales a fertilizantes, corredores logísticos para perecederos, información anticipada de cosechas y mecanismos de importación de emergencia, cuyo efecto en precios se vería en un plazo de 2 a 9 meses. La inflación de alimentos en junio fue de 6,83% anual, con frutas frescas subiendo un 23,27% y carne de res un 14,27%, mientras el arroz bajó 6,82% y la carne de cerdo 6,74%.
La cuarta recomendación consiste en coordinar y escalonar los incrementos en precios regulados como transporte, energía, gas y combustibles, para evitar que suban simultáneamente. El transporte urbano, por ejemplo, registró un aumento anual de 10,64% que aportó 0,51 puntos porcentuales a la inflación. La programación de tarifas reguladas podría aliviar la inflación entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales durante 12 meses. En cuanto al gas, las reservas probadas cerraron 2025 en 1.717 gigapies cúbicos, un 17% menos que un año antes, lo que alcanza para solo 5,9 años. La quinta y última propuesta apela a la credibilidad del próximo gobierno, que asume el 7 de agosto. El informe sugiere un presupuesto 2027 con ingresos realistas, criterio técnico para el salario mínimo y respeto a la autonomía del Banco de la República. Con señales creíbles, la proyección de inflación para 2027 se ubicaría entre 3,8% y 4,2%; sin ellas, entre 5,2% y 5,8%.
«La tasa de interés no perdió su capacidad de combatir la inflación, pero está trabajando con una mano atada. Lo que no puede hacer es reescribir contratos de arrendamiento, ampliar la oferta de gas, reparar vías rurales o corregir el déficit público».
Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura
El informe advierte que congelar precios no es una opción viable porque genera deudas, subsidios insostenibles o desabastecimiento. El IPC acumulado entre enero y junio de 2026 fue de 4,77% según el Dane, y el aumento del salario mínimo para el año (23,7%) superó el referente técnico de inflación más productividad. El próximo gobierno, que asumirá en agosto, será clave para enviar señales fiscales e institucionales que permitan romper la inercia inflacionaria que afecta a Colombia desde hace seis años.
